- EL Polo Democrático Alternativo pone a la defensiva a Uribe Vélez. El narcoparamiliartismo como fenómeno político mafioso, logró empoderarse en amplias esferas del Estado. Oposición en Colombia carece de garantías. Áulicos del gobierno Uribe sostienen que todo es culpa de la oposición.

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El paramilitarismo colombiano con sus millares de asesinatos y de fosas comunes no es, como quiere hacerlo ver el gobierno de Uribe, un simple problema de bandas armadas. Por el contrario, es un fenómeno social mafioso que ha sido tolerado, pero a la vez, impulsado y protegido por el propio Estado colombiano. Tiene sus bases sociales en sectores de la denominada "clase media" y recibe la financiación de algunos sectores empresariales, ganaderos y transnacionales que operan en Colombia, así como de la gran estructura del narcotráfico. Su propósito no fue solamente defenderse de los ataques de la guerrilla sino que, aprovechando el poder del dinero y de las armas, así como el apoyo de amplios sectores del Estado, se consolidó como caciquismo feudal en diversas regiones del país, para lo cual terminó apoderándose de las administraciones municipales y departamentales e infiltrando entidades nacionales el Congreso e instancias judiciales, militares y policiales.

El destape de este fenómeno y la estrecha vinculación de la elite política colombiana, empezando por el propio presidente Uribe, se dio gracias al denodado esfuerzo realizado por dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA) como Gustavo Petro, Wilson Borja, Jorge Enrique Robledo, Clara López Obregón; y del Partido Liberal como Horacio Serpa, César Gaviria y Piedad Córdoba.

No obstante los voceros del gobierno de Uribe, sus áulicos y sus amigos como los gremios, algunos centros de estudio como el Instituto de Ciencia Política consideran que todo lo que está aconteciendo en Colombia es simplemente "un novelón" que ha montado la oposición. Consideran que denunciar internacionalmente los crímenes de lesa humanidad del narcoparamilitarismo genera desprestigio al país y al gobierno de Uribe. Y lo mejor, agregan, es ventilar los problemas internamente y no ir a Estados Unidos ni a Europa a ventilar el fenómeno político-mafioso que gobierna al país.

Pero, adicionalmente, buscan por todos los medios tapar el hecho de que el entorno del propio Uribe Vélez está salpicado de narcoparamilitarismo, habida cuenta que la mayoría de congresistas y jefes políticos regionales presos o encausados penalmente son amigos y seguidores del primer mandatario, lo que el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo denominó como "el Parauribismo", Denunciar lo que es evidente a los ojos de todo el mundo, el uribismo lo considera "apartida" y "calumnioso".

El debate en el Congreso de la República realizado por el senador Petro el 17 de abril sobre la parapolítica en el departamerto Antioquia permitió establecer varias conclusiones y, sobre todo, dejó mal herida la imagen del gobierno de Uribe Vélez en el ámbito internacional, pues demostró en forma fehaciente, los estrechos nexos del primer mandatario con la bandas narcoparamilitares.

EL ABC DEL PARAMILITARISMO

- Con la mal llamada Ley de Justicia y Paz, en virtud de la cual los miembros de las autodefensas aspiran legitimar sus bienes mal habidos y pagar irrisorias condenas en la cárcel, se logró comprobar que narcotraficantes "compraron" bloques de paramilitares para poderse camuflar como tales.

NEXOS PARAMILITARES DE URIBE VÉLEZ

Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, desarrolló el proyecto narco-paramilitar bajo la fachada de las Convivir.

Petro demostró cómo el entonces gobernador Uribe Vélez entró en contacto con el jefe de finanzas de Carlos Castaño, Alberto Soto Toro, alias "Lucas", días antes de la masacre del Aro en el municipio Ituango. Uno de los paras que participó en esa masacre, Francisco Enrique Villalba, alias "Cristian Barreto", asegura que dos helicópteros sdobrevolavan el área de Ituango mientras las autodefensas asesinaban 15 campesinos. Uno de los aparatos de color amarillo era de la Gobernación de Antioquia, según lo confirma el propio Salvatore Mancuso.

El entonces gobernador Uribe Vélez con su firma autorizó el funcionamiento de varias Convivir en las que entre 1994 y 1996 operaron reconocidos paramilitares como "Chepe Barrera", Mancuso, "Monoleche", quien asesinó a Carlos Castaño, Salomón Feris, alias "08", "La Gata", Héctor Julio Alfonso, entre otros.

En la fincas Guacharacas de propiedad de la Sociedad Uribe Vélez & Compañía y La Carolina, administrada por Santiago Uribe Vélez, hermano del mandatario, pernoctaban paramilitares y en la segunda se perpetraron asesinatos, según declaración de un soldado, a quien le asesinaron ahí a un hijo.

En esa zona de las fincas de la familia Uribe Vélez operaba el grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles, del cual hacía parte Santiago, como consta en documento judicial, al que se responsabiliza de asesinar a 8 supuestos miembros del ELN y por la masacre de 50 campesinos.

El presidente Uribe dijo que su familia había vendido Guacharacas. No obstante se comprobó que solo vendió parte de la misma a los asesinos del futbolista Andrés Escobar, quienes lideraban un cartel de apuestas en Medellín.

Durante la gestión de Uribe como gobernador de Antioquia las muertes en este departamento se incrementaron de 250 a 2800 según cifras oficiales. La violencia arreció como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensa que legalizó

LA PARAPOLÍTICA

Cuando los políticos han cooptado a los paramilitares, como lo señalo el fiscal Mario Iguarán, se habla de parapolítica. En estos casos los "patrones" son servidores públicos que han alcanzado dignidades en el servicio público por nombramiento o por elección popular: senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, concejales, ministros, gerentes, oficiales de las fuerzas armadas y hasta presidentes. La norma fundamental fue definida en las cumbres del Nudo de Paramillo y en Santa Fe de Ralito, Córdoba, en donde se proclamó "refundar" el poder político en Colombia. La dispensa presidencial que los voceros de Itagüí reclaman para actuar en política es para continuar el proyecto iniciado.

EX FISCAL OSORIO Y GENERALES DEL RIO Y CASTIBLANCO

El debate de Petro dejó en claro también la manera como inexplicablemente el fiscal Luis Camilo Osorio, hoy flamante embajador de Colombia en México, antes lo había sido en Italia, precluyó varias investigaciones contra oficiales de la fuerza pública y paramilitares pese al acerbo probatorio. Por eso Osorio deberá comparecer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que le abrió investigación.

Se confirmó, igualmente, que el cuestionado general Rito Alejo del Río, ex comandante de la Brigada XII en Urabá, fue el inspirador y aliado de los paramilitares. Por eso el gobierno de Pastrana por presiones del Departamento de Estado debió llamarlo a calificar servicios. No obstante, el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez fue el orador principal en el acto de desagravio que sectores de la ultraderecha colombiana le tributaron al alto oficial en el salón rojo del Hotel Tequendama. En esa ocasión Uribe lo calificó como "el pacificador de Urabá".

También en el debate salió salpicado por nexos con narcoparamilitares el general Daniel Alberto Castiblanco, actualmente comandante de la Policía Matropolitana de Bogotá. Según un informe oficial, se le sindica de haberse reunido con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Carranza, Ramón Isaza y Ariel Otero. Recibía tres millones de pesos por sus servicios cuando se desempeñaba como comandante en Puerto Boyacá. Esta circunstancia motivó al concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, Carlos Romero Jiménez a citar a un debate tanto al secretario de Gobierno, Juan Manuel Ospina como al propio Castiblanco en el Cabildo Distrital para escuchar las explicaciones sobre los cargos que comprometen al oficial de la Policía.

EMERGE UN NUEVO PARAMILITARISMO

Tanto las denuncias hechas por el senador Petro como estudios realizados por centros de investigación académica y medios de comunicación, permiten establecer que la llamada "desmovilización" de los paramilitares para acogerse a la seudo Ley de Justicia y Paz, no ha sido efectiva. Por el contrario, han emergido nuevos grupos de autodefensa en varios departamentos del país, mientras que otros se están reorganizando, como es el caso del que lidera Vicente Castaño, quien se encontraría en la zona de la Gabarra en Norte de Santander. La continuidad del accionar paramilitar se puede corroborar con los siguientes hechos:

- Resurgimiento en el Valle del Cauca del grupo de autodefensas Águilas Negras integrado por 800 hombres que, coincidencialmente, tiene su radio de acción donde operan los batallones de contraguerrilla Palace y Codazzi.

- La Procuraduría General de la Nación confirmó que el coronel retirado del Ejército, Julián Villate está al frente de una célula paramilitar para atentar contra la vida de senadores del PDA como Gustavo Petro y Alexander López.

- Las empresas de los narcoparamilitares están intactas. Lo que existe en Colombia como lo señala la periodista Martha Elvira Soto en una bien documentada investigación es un "holding paraco" sustentado en "contrabando de gasolina, de arroz y de vehículos; juegos de azar, prostíbulos, mototaxismo, el control de la seguridad en los llamados San Andresitos y parte del negocio de salud a través de las administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), son tan solo una irrisoria parte del sofisticado portafolio de inversiones que maneja este grupo ilegal".

- Otro de los negocios en que los paras han incursionado con éxito es en la explotación de palma africana. Desde 2001 empresas en las que tienen intereses jefes paramilitares urdieron toda una estrategia para apropiarse ilegalmente de títulos de tierras en la selva del Chocó, despojando y desplazando a afrodescendientes, campesinos, colonos e indígenas. El gobierno de Uribe les dio legalidad y subsidios a estas empresas, asío como comprometió apoyo de agencias estadounidenses a través del Plan Colombia, como viene ocurriendo con la cuestionada compañía Urapalma.

- En Antioquia se viene denunciando infiltración de paramilitares en la Fiscalía de Medellín.

- La llamada "Oficina de Envigado" desde donde se coordina las actividades ilícitas de los paras sigue operando, pese a que su jefe Don Berna está en prisión. Quien la dirige es un ex agente del CTI llamado Carlos Mario Aguilar, alias "Rogelio", que ostenta en la actualidad un poder igual al de Don Berna.

CONSECUENCIAS INTERNACIONALES

.Los efectos de la parapolítica se han hecho sentir en grado superlativo tanto en Estados Unidos como en Europa. No obstante, internamente, los aliados del gobierno de Uribe han minimizado las consecuencias como el desplante del ex vicepresidente Al Gore de reunirse en un foro ecológico en Miami con el mandatario colombiano o la actitud reacia de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi de entrevistarse con este. Luego de varios intentos y súplicas de la embajadora en Washington Carolina Barco, Pelosi aceptó dialogar con Uribe el pasado 3 de mayo. Consideran los amigos de Uribe que publicando avisos de respaldo en la gran prensa nacional minimizan el impacto de los vínculos del Presidente con el narcoparamilitarismo. Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: - La bancada demócrata en el Congreso de Estados Unidos frenó el trámite del TLC y de un adicional presupuestal al Plan Colombia hasta tanto el gobierno de Uribe resuelva el escándalo de la parapolítica que compromete a varios congresistas del uribismo. - Pelosi advirtió en un comunicado que expidió luego de la reunión con Uribe que los congresistas demócratas están muy preocupados "por las serias acusaciones de conexiones entre las fuerzas paramilitares ilegales y ciertos altos funcionarios colombianos. Es esencial que el gobierno colombiano investigue y procese a dichos funcionarios, incluidos los de más alto nivel".

- El 2 de mayo, un nutrido grupo norteamericano de activistas de derechos humanos, lanzando fuertes arengas, protestó en Washington ante la presencia de Uribe. Éste quiso bajarle el tono a la manifestación e intentó dialogar con ellos, pero todo fue en vano. La protesta continuó.

- El líder de los demócratas en el Senado, Harry Raid anunció que mientras no haya una solución en torno a la parapolítica y los crímenes contra sindicalistas, el Congreso norteamericano no considerará el TLC con Colombia.

- la conservadora revista The Economist en su edición de la tercera semana de abril hizo serios interrogantes respecto de la gobernabilidad de Uribe Vélez, dado que los hechos de los últimos meses comprometen seriamente a más de una veintena de dirigentes de la bancada uribista en el Congreso con el proyecto político-paramilitar que se ha implantado a la fuerza en buena parte de las regiones de Colombia.

- El Senado norteamericano congeló una partida del orden de los 55 millones de dólares con destino al Ejército colombiano, hasta tanto no se aclare los nexos de uno de su comandante el general Mario Montoya con organizaciones paramilitares.

- varios eurodiputados solicitaron al representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana suspender el proceso de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hasta que se aclare el tema de la incidencia del narcoparamilitarismo en la política y el gobierno de Colombia.

- El Parlamento Europeo se mostró "indignado" por los "señalamientos, intimidaciones, espionaje y represión" a la oposición en Colombia por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.

- Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch le hizo llegar una carta en Washington a Uribe, en la que hace serias observaciones sobre el supuesto proceso de "negociación" con los paramilitares y el problema de la parapolítica.

- En el plano internacional Uribe ha quedado en el lote de mandatarios cuestionados por derechos humanos, junto con Alberto Fujimori, Augusto Pinochet, Manuel Antonio Noriega y Anastasio Somoza.

MAPA DE LA PARAPOLÍTICA

A los 18 parlamentarios enjuiciados por la parapolítica ahora se suman el senador Óscar Suárez Mira de Alas Equipo Colombia y el representante Mauricio Parodi del Partido Liberal, quienes obtuvieron sus más altas votaciones en Envigado y Bello, dos municipios antioqueños de gran influencia paramilitar, fueron llamados por la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, la alta corporación abrió el capítulo de Antioquia, en cuanto a investigaciones sobre parapolítica. También están en "capilla" los dirigentes uribistas de ese departamento, Mario Uribe, Rubén Darío Quintero, William Vélez, William Ortega y Luis Alfredo Ramos, entre otros.

De acuerdo con las investigaciones realizadas el mapa de la parapolítica por regiones demuestra que en Antioquia están comprometidos con los paras 17 representantes y 10 senadores; Cesar, 4 representantes y un senador; Magdalena, 5 representantes y 2 senadores; Sucre, 3 representantes y 2 senadores; Atlántico, 7 representantes y 8 senadores; Bolívar, 6 representantes y 3 senadores; Córdoba, 5 representantes y 6 senadores.

PROPUESTAS VS. ATAQUES

El senador Petro no solo se quedó en las denuncias durante el debate sino que de su propia cosecha lanzó la propuesta de un "acuerdo nacional para la verdad" que permita el desmonte del clientelismo local, ejecutar la reforma agraria tantas veces aplazada y generar un modelo productivo, así como otorgar beneficios jurídicos generalizados si hay verdad plena. Para ello, dijo, se deberían convocar unas constituyentes locales.

Igualmente, en España, el congresista del Polo planteó en los primeros días de mayo en el Centro de Abogados de Atocha de Madrid, la necesidad de que la Corte Penal Internacional designara una misión de observación para Colombia con el propósito de que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares que permita establecer la verdad respecto de este fenómeno criminal. Dirigentes del Polo Democrático Alternativo han señalado que si bien hay que analizar con detenimiento las iniciativas de Petro, existe consenso en la necesidad de buscar por todos los medios la desarticulación de las estructuras narcoparamilitares, por un lado, y por otro, que en el proceso de desmovilización de los paramilitares aflore la verdad en torno de los múltiples crímenes de lesa humanidad que se han cometido desde los años 80. Ese es el sustento de la propuesta del Polo.

En materia electoral, este partido de izquierda exige garantías reales y transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral y el aparato de justicia para poder avanzar en la construcción de democracia en Colombia.

Lo anterior contrasta con la respuesta que dio el gobierno al debate de Petro, pues ella consistió en la descalificación y el insulto al adversario. El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi no respondió los interrogantes formulados por el congresista del Polo y trató en vano de desvirtuar sus denuncias señalando que eran una ofensa para Antioquia. Igualmente, la bancada uribista en el Senado tampoco logró hacer una defensa contundente del presidente Uribe y sus voceros simplemente calificaron la intervención de Petro como un "novleón".

Ante el fracaso de sus escuderos en el Congreso, el propio presidente Uribe debió salir a dar una rueda de prensa por los canales de televisión cuando se dio cuenta de las repercusiones internacionales que tuvo el debate de Petro.
Han sido tan contundentes las denuncias de la oposición que el gobierno de Uribe, como lo confirmó el propio Presidente en la rueda de prensa, le ha montado inteligencia a los dirigentes y voceros del Polo Democrático Alternativo y algunos congresistas del Partido Liberal, hasta el punto que son monitoreados cuando salen del país por las agregadurías militares y de policía de las legaciones diplomáticas colombianas.
Las visitas de trabajo que realizan los congresistas de la oposición a los Estados Unidos a denunciar la situación político-mafiosa colombiana o a criticar el leonino Tratado de Libre Comercio, son controladas miniciosamente por inteligencia militar.
Incluso existen denuncias de que desde las embajadas de Colombia en diversos países europeos se hace seguimiento a las actividades de activistas y defensores de derechos humanos.

INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO

El gobierno de Uribe a través de múltiples instancias del Estado viene ejerciendo persecución e intimidación sicológica a los congresistas y directivos del Polo Democrático Alternativo, a quienes califica de "terroristas vestidos de civil. La persecución oficial contra Petro está en marcha: no sólo allanan sus oficinas en el Congreso sino que le montaron la "inteligente" inteligencia militar contra su familia, varios de cuyos miembros radicados en la población de Cajicá vienen siendo monitoreados para atemorizarlos. Esto es una demostración más ante la comunidad internacional de que la oposición política en Colombia carece totalmente de garantías.

URIBISMO INSTITUCIONAL VS. URIBISMO DELINCUENCIAL

FENÓMENO SOCIAL MAFIOSO

El paramilitarismo con sus millares de delitos atroces es un fenómeno social mafioso que ha sido tolerado, pero a la vez, impulsado y protegido por el propio Estado colombiano. Tiene sus bases sociales en sectores de la denominada "clase media" y recibe la financiación de algunos sectores empresariales, ganaderos y transnacionales que operan en Colombia, así como de la gran estructura del narcotráfico. Su poder lo ha llevado a controlar políticamente buena parte de la geografía nacional, tener más del 35% de la representación política en el Congreso de la República, apropiarse del manejo de la educación y la salud a través de las Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) en varios departamentos, controlar el contrabando y robo de gasolina, los cultivos de coca y montar mediante el terror y el desplazamiento de campesinos, indígenas y colonos poderosas empresas de explotación de palma africana en el Chocó.

ESTADO POLICIAL

Lo sorprendente es que Colombia presentada hoy internacionalmente como un triste país de fosas comunes, asiste a un sistema policial de terror, en el que los dirigentes de oposición, líderes de opinión y periodista son espiados telefónicamente. Espionaje que se ha hecho en los últimos dos años y que el propio presidente Uribe confirmó dos días después del debate de Petro en la rueda de prensa en horario triple A transmitida tanto por todos los canales de televisión nacional como en estaciones radiales, en la que señaló que a los dirigentes del Polo Democrático Alternativo se les hace inteligencia y se les siguen sus pasos, incluso cuando salen al exterior. Si al espionaje se le suma la política de cooperantes (o popularmente conocido como de "soplones"), estamos ante un régimen donde se viola la intimidad, la libertad y se carece de garantías para la oposición.

MÚLTIPLES INTERROGANTES

Tras el cambio de la cúpula de la Policía Nacional por las ocho mil horas de grabaciones telefónicas que la Inteligencia de esa institución ha realizado en los últimos dos años, quedan múltiples interrogantes que el gobierno Uribe no ha podido responder satisfactoriamente. ¿Quién era el destinatario de la información obtenida mediante chuzadas telefónicas? ¿Quién ordenó ese espionaje? ¿Quiénes son los responsables? ¿por qué no se ha presentado el listado completo de personajes interceptados ilegalmente? ¿La inteligencia y contrainteligencia policial y militar son ruedas sueltas? ¿Quién ejerce su control?

Pero, además, es muy coincidente que solo el gobierno reaccionó cuando se filtraron grabaciones en que comprometen a jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí de seguir delinquiendo. El país por la propia boca del primer mandatario supo que a los dirigentes de la oposición se les hace espionaje telefónico y pese a las reacciones, ninguna autoridad judicial asumió la investigación. Y también es muy coincidente que tales filtraciones se hayan hecho pocas horas antes de que Mancuso prendiera el ventilador. ¿Qué se buscaba filtrando las grabaciones de los paras recluidos en Itagüí a la revista Semana? Acaso como dijo el senador Petro, ¿acallar o enviarle alguna advertencia velada a Mancuso?

¿Y LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA?

En un país cuyo sistema democrático sea sólido, un escándalo como el de la parapolítica generaría consecuencias graves en el gobierno, más aún si el Presidente se viera salpicado por la ola de los acontecimientos, como ocurre con Uribe Vélez. Pero en Colombia inexplicablemente nadie asume la responsabilidad política. No importa que congresistas de la coalición uribista, o antiguos funcionarios que debieron salir por sus nexos con los paramilitares como el ex director del Das, Jorge Noguera, el ex director del Inco, Luis Carlos Ordosgoitia, ex funcionarios del Incoder, o el embajador en México, Luis Camilo Osorio, ex fiscal acusado por archivar investigaciones contra jefes paramilitares, estén procesados penalmente o en la cárcel. O que dirigentes de la oposición y periodistas sean objeto de espionaje telefónico permanente. El cuestionamiento es en el nivel internacional donde se observa con estupor cómo el Estado colombiano fue tomado por un régimen mafioso y asesino, pero es sorprendente que en el país no haya una reacción ciudadana contundente. Por el contrario, es asombroso que en la medida en que buena parte de la opinión pública colombiana más sabe de la barbarie paramilitar y sus estrechos vínculos con la dirigencia política partidista, permanezca en la indiferencia o, como señalan las encuestas de los medios de comunicación oficialistas, justifique este fenómeno criminal y le parezca un mal menor, lo cual como es obvio, es muy difícil que se entienda en el exterior, particularmente en Estados Unidos y Europa.

MANCUSO Y EL ESTABLECIMIENTO

Al prender Mancuso el ventilador y sindicar a buena parte de los dirigentes tradicionales del establecimiento, varios de ellos se encuentran acobardados. Aunque la disculpa manida y reiterativa que dan para justificar las reuniones que sostuvieron con los jefes paramilitares es que lo hicieron "por razones humanitarias", lo cierto es que en esas relaciones non sanctas, hay otro capítulo por desenredar. Y los implicados deben dar respuestas concretas respecto de lo que ha dicho Mancuso y no simplemente salir a decir que hay que dudar de la veracidad de sus declaraciones porque es un criminal, como lo hizo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sindicado de haber querido fraguar un golpe de Estado contra el entonces presidente Ernesto Samper, para lo cual habría solicitado cooperación tanto de paras como de guerrilla. Generales (r) del Ejército como Harold Bedoya, Rito Alejo del Río, Iván Ramírez, Martín Orlando Carreño y de la Policía, Rosso José Serrano; el vicepresidente Francisco Santos, el senador y presidente del Partido Conservador, Julio Manzur, el magistrado del Consejo de la Judicatura, José Alfredo Escobar, empresas como Bavaria y Postobón, ganaderos, alcaldes y concejales de Córdoba, congresistas, entre muchos otros, están en mora de darle una respuesta al país. Lo importante de este "destape" es que comience a esclarecerse la verdad y que no siga ocurriendo en Colombia que "todo sucede pero nada pasa".

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