El sector social está encabezado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, el Movimiento Indígena Popular (MIP) de Felipe Quispe, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora de Cochabamba, entre otros.

De manera paralela a las protestas masivas, este bloque incursionó con éxito en los procesos electorales. En 2002 apareció el MAS y Evo Morales logró ser el segundo candidato a la presidencia más votado. Su partido obtuvo 20% de la votación y 35 diputados. En las últimas elecciones municipales se convirtió en la primera fuerza nacional al conquistar 110 alcaldías (de 317 en todo el país), que sumadas a las ganadas por el MIP, suman 125 ayuntamientos.

El hecho político más importante en Bolivia de los últimos años es que los indios hayan podido votar por sus candidatos salidos de sus propias etnias. Eso nunca había ocurrido y representa una revolución simbólica en una sociedad tan racista como la boliviana en la que los indígenas, a pesar de ser 62% de la población, no habían participado en las estructuras del poder político.

Sin embargo, la confrontación entre los dos sectores que dominan el espectro político y social del país es pugnaz. Se podría afirmar que lo que se presenta en Bolivia es un empate de fuerzas, pues ninguno de los bloques puede imponerse sobre el otro. Y la gestión de Carlos Mesa está marcada por este empate.

El presidente gobernó con el apoyo de Evo Morales y del MAS, con lo cual le dio estabilidad política y social al país. Eso funcionó hasta enero pasado, cuando surgió el debate de la Ley de Hidrocarburos y los movimientos sociales se radicalizaron.

A pesar de su popularidad (60% en la última encuesta) el presidente Mesa no controla los factores de poder del país. El gobierno está en el limbo y los temas de fondo de la crisis estatal siguen pendientes.

LOS PROBLEMAS DE MORALES

Ganar tiempo y desgastar al movimiento popular fue lo que hizo durante un año y medio de gobierno el presidente Carlos Mesa. Durante ese lapso, Mesa fue el señuelo con el que una casta oligárquica en recomposición, mantuvo a líder Evo Morales convencido de la posibilidad de gestionar desde el Congreso una histórica ley de hidrocarburos que reversara la leonina que se había expedido durante el gobierno de Sánchez de Lozada.

La imagen contestataria del MAS se deterioró por su respaldo al gobierno de Mesa. Morales pecó de ingenuo porque respaldó la aprobación de un Referéndum que le sirvió de instrumento al mandatario boliviano para revitalizar su Gobierno.

Así mismo Morales y el MAS apoyaron la aprobación de una Ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que Mesa les vendió como la oportunidad de deshacerse de los partidos tradicionales, cuando fue en realidad el instrumento que les permitió al MNR, el MIR y la ADN proyectar a sus hombres de segunda línea y evitar perder el control de las ciudades capitales del país durante las elecciones municipales.

Si con el referéndum Mesa pudo prescindir del mandato de Sánchez de Lozada, tras las elecciones municipales le fue posible disponer de los operadores y el aparato político con el que finalmente se opuso y prescindió de Evo Morales.

Lo paradójico es que Mesa construyó su hegemonía respaldado por los votos del MAS en el Parlamento y por el voluntario retiro del movimiento cocalero de la Coordinadora de Defensa del Gas y del Estado Mayor del Pueblo.

En abril de 2004 Morales llegó a enfrentar a los movimientos sociales para imponer el Referéndum del Gas y castigó con la expulsión a la disidencia de su propio partido por oponerse a “la gobernabilidad del país”.

Cuando el movimiento popular se debilitó, la política presidencial dio un giro abiertamente conservador y reveló que Mesa sólo estuvo esperando el momento de decirle al MAS que “cayó el telón”.

Frente a la traición de Mesa y aprovechando las protestas sociales a principios de marzo, la izquierda boliviana acordó unirse. Evo Morales estaba enfrentado a Felipe Quispe, a la COB y al Alto. Era una lucha entre reformistas y revolucionarios y su disputa se venía dando por el control de sindicatos y de federaciones.

El acuerdo incluyó un plan mínimo, la propuesta de ley de Morales, y un plan máximo, la nacionalización de los hidrocarburos.

Con este acuerdo, la izquierda fortaleció su fuerza en cuatro regiones: El Chapare, el Altiplano norte (alrededor de La Paz donde está Quispe y el sector aymara más radical), el Alto, Cochabamba (donde están los campesinos de Evo Morales) y el norte de Potosí.

LUCHA POR LOS RECURSOS NATURALES

La escisión de la sociedad boliviana no será fácil de solucionar por cuanto que los intereses que están de por medio son muy grandes y de tras de ellos se encuentran las transnacionales que explotan importantes yacimientos de hidrocarburos.

Los indígenas y los movimientos sociales exigen que la mayor parte de las ganancias de la explotación de los recursos naturales se quede en el país, mientras que el gobierno de Carlos Mesa aupado por las transnacionales busca que estas obtengan como mínimo el 50 por ciento del rendimiento.

La confrontación social comenzó hace cinco años con la llamada Guerra del Agua, que marcó el inicio de esta época convulsa. Lo que parecía ser sólo una sublevación local por el control del vital líquido, fue el anuncio de una etapa rubricada por la emergencia de movimientos sociales y liderazgos indígenas, que han articulado un poder social, político y económico que cambió el rumbo del país.

La venta de empresas públicas y la entrega de los recursos naturales a empresas trasnacionales ­en medio de una crisis económica y una creciente desigualdad (seis de cada 10 bolivianos son pobres)­ catalizaron la inconformidad social tras 20 años de políticas neoliberales.

Detrás del debate sobre los hidrocarburos está la discordia por el excedente económico del sector. La ley del presidente Mesa propone establecer gradualmente ­en seis años­ que las compañías petroleras paguen al gobierno entre 50-54% de sus ganancias (calculadas en mil 500 millones de dólares). En la ley aprobada por los diputados, este pago alcanzaría un 60-65% de manera inmediata. Y con la propuesta del MAS, llegaría hasta 70%.

La principal oposición a la reforma proviene de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (donde paradójicamente no hay una sola empresa nacional) que la considera "una ley confiscatoria". Los partidos conservadores (MNR, MIR, NFR, UCS) apoyan la nueva ley.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En medio del debate político pugnaz que se viene dando, uno de los temas pendientes más importantes es la convocatoria a la Asamblea Constituyente (en encuestas recientes 78% de los bolivianos está de acuerdo). Existen grupos sociales excluidos históricamente que hoy se sienten con fuerza, con derecho y con palabra para intervenir en la construcción de un Estado multinacional. Los movimientos sociales reivindican la Constituyente como el escenario para modificar el modelo económico y lograr el reconocimiento de formas de autogestión indígena.

El punto clave de la discusión es la propiedad pública de los recursos naturales Ahí está la resistencia de las elites conservadoras a la Constituyente.

En este contexto, las elites empresariales de Santa Cruz y Tarija impulsan las autonomías regionales. Esta autonomía sería un blindaje para que la propiedad de la tierra y de los hidrocarburos queden en el ámbito regional. Los movimientos indígenas aceptan una autonomía que recupere sus derechos, usos y costumbres.

CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIAL

La situación social de Bolivia tenía que estallar, luego de décadas de marginalidad y explotación. Este, uno de los países más pobres de América Latina, es el de mayor nivel de identidad cultural y voluntad de lucha social en el hemisferio.

En las décadas de los años 50 y 60, fracasó la reforma agraria populista, se tornaron improductivas las minas nacionalizadas, el mercado interno se encogió de pobreza y las identidades indígenas fueron aún más marginadas, en su emigración urbana, lejos de sus comunidades de origen.

En el Oriente, la provincia de Santa Cruz, empresarial, productora agropecuaria moderna, con yacimientos de gas y próxima a Brasil se volvió cada vez más autónoma, resintiendo su sujeción por parte de La Paz.

En los años 70, el narcotráfico hizo de Bolivia su principal reserva de producción de coca, cultivo ancestral de los indígenas. De ahí surgió una cierta prosperidad, sobre todo en el valle del Chapare, en la región de Cochabamba.

La conexión a los cárteles de la droga tuvo el efecto paradójico de favorecer la democracia en Bolivia. Y es que Estados Unidos, sempiterna referencia de los militares golpistas, se dio cuenta de que los principales narcos eran los gobiernos militares. Así, en 1982 apoyaron un golpe a favor de la democracia, que se mantiene desde entonces.

La presión de los estadounidenses llevó a los distintos gobiernos a erradicar cultivos de coca, empezando por el Chapare, en donde, la sociedad campesina estaba ligada al narcotráfico sin ningún tapujo.

Miles de campesinos se encontraron de nuevo en la pobreza. De ahí salió el movimiento de los cocaleros que lidera Evo Morales.

En plena crisis, surgió la esperanza: se descubrieron enormes reservas de gas en la sureña provincia de Tarija. Entonces, como en los más perversos cuentos de la lechera, toda Bolivia empezó a pelearse sobre qué hacer con el gas.