El presidente Uribe Vélez tan pronto como asumió la Presidencia dictó sendos decretos para declarar el estado de Conmoción Interior (estado de guerra), al tiempo que inició una política soterrada pero sistemática contra todos los organismos defensores de derechos humanos por considerarlos cómplices de la insurgencia colombiana.

Así mismo ha buscado involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto armado para que a través de millonarias recompensas delaten a quienes consideran sospechosos, con lo que está a punto de desatarse una verdadera cacería de brujas, como en los mejores tiempo de los regímenes totalitarios.

Sin embargo, esta política de Uribe de mano dura y de tierra arrasada no es la primera vez que se pone en marcha en Colombia. Más de una docena de gobiernos anteriores han experimentado la misma estrategia de la salida militar y todos han fracasado.

MAYOR INTERVENCIÓN DE EE.UU.

Y es que pese a que las Fuerzas Armadas colombianas son las mejor dotadas y entrenadas en Latinoamérica y cuentan con excelentes recursos tecnológicos suministrados por el Pentágono, no han demostrado mayor eficacia en su lucha contrainsurgente, pues en todos los años que llevan enfrentando a grupos guerrilleros como las FARC o el ELN han sido incapaces de doblegarlos o disminuirlos. Todo lo contrario, en la medida en que el conflicto armado se ha intensificado, estos grupos han crecido aún más militar y financieramente.

Aunque parece que los colombianos en este sentido no han aprendido la lección, el hecho de que hayan llevado al poder a Uribe Vélez, un disidente liberal de ultraderecha que cuando fue gobernador de Antioquia privilegió a los grupos paramilitares y auspició la creación de bandas privadas de vigilancia que se conocieron con el nombre de Convivir, tiene el claro mensaje de que amplios sectores sociales desesperados por la degradación del conflicto buscan una salida de fuerza al costo que sea.

Obviamente que esta situación dará pábulo a una mayor intervención de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, pero Uribe Vélez es un presidente entregado y genuflexo a los dictados de Washington, igual o aún más que su antecesor Andrés Pastrana. Al fin y al cabo quienes respaldan a Uribe creen que el apoyo gringo es definitivo, sin tener en cuenta las verdaderas intenciones del Departamento de Estado: poner orden y disciplina en Colombia a cualquier precio no con miras a solucionar los graves problemas de su población sino a crear condiciones necesarias para lograr incrustar a este país en el modelo rentable de la globalización norteamericana.

Dentro de la estrategia de Estados Unidos y de los planes de Uribe Vélez está el de involucrar a la región latinoamericana en el Plan Colombia para contener los efectos del conflicto colombiano.

Uribe con el apoyo gringo ha tratado a lo largo de su mandato de presionar diplomáticamente a los gobiernos de los países vecinos para que adopten medidas más audaces en los corredores fronterizos. Por eso es que está sumamente interesado en que la Base de Manta sea de gran utilidad “para derrotar a la droga que causa la violencia”.

Por eso se hace propicoes dar una rápida mirada retrospectiva de las verdaderas causas que han generado ese infierno de destrucción, sangre y terror en que se ha convertido por desgracia y para maldición de sus habitantes, la mítica tierra del café, las esmeraldas, la cumbia, el vallenato y del autor de Cien años de Soledad.

INEXISTENCIA DEL ESTADO DE DERECHO EN COLOMBIA

El Estado colombiano, al iniciar el tercer milenio, es una ficción. Arrinconado y sustituido en sus funciones por organismos paraestatales como guerrilla y grupos paramilitares, el Estado a duras penas puede cumplir su tarea de garantizar los más elementales derechos de la sociedad. Y peor aún, ante el escalamiento del conflicto armado y sus dramáticas consecuencias, es muy probable que lo que queda de Estado en Colombia, termine en una situación tan precaria que pierda toda capacidad de negociación con los grupos insurgentes y se exacerbe la confrontación.

Aspecto central de las preocupaciones de la sociedad contemporánea y de las democracias es la legitimidad de sus instituciones políticas por cuanto que los actos humanos son legales cuando se ajustan a la ley y las instituciones son legítimas cuando hunden sus raíces en la confianza del consenso colectivo.

La legitimidad debe asegurar que las instituciones respondan a las circunstancias sociales de la época con el fin de que sean instrumentos idóneos de gobierno y puedan brindar cauces transparentes a las distintas expresiones de la sociedad en su aspiración colectiva de mejorar sus condiciones de vida.

Históricamente se puede señalar que el Estado de Derecho en Colombia, aunque ha sido puramente formal, se ha visto signado por los siguientes factores: no han sido recurrentes en el país los golpes de Estado de tipo militar, el bipartidismo liberal-conservador, muy desgastado, anquilosado y corrupto, ha sido el canal político inadecuado de representación mayoritaria por el que ha fluido aparentemente la opinión pública; el consenso político ha sido fundamental en la aprobación de las reformas constitucionales a partir del malhadado experimento del Frente Nacional.

Pero ha sido un consenso entre las élites. Un consenso exclusivo y excluyente, por lo que el sociólogo francés Alain Touraine sostiene que uno de los principales problemas de Colombia es que la oligarquía no ha tenido una apertura nacional popular. Como no ha habido espacios para lo que se ha denominado populismo como sí los hubo en Argentina con Perón, México con Cárdenas, Chile con Allende, y más recientemente en Perú con Alan García y Venezuela con Hugo Chávez, en Colombia esta carencia se ha reflejado en la irrupción de microempresas electorales corruptas que terminaron reemplazando a los partidos políticos tradicionales, y en la aparición de grupos contestatarios que, en la mayoría de los casos, han optado por la vía armada.

Aunque los gobiernos calificados de populistas en América Latina no han brillado por su probidad, es un hecho que los sectores medios y bajos de la población han tenido la oportunidad de tener las riendas del poder, que la hayan desaprovechado o no, es otro cuento. En cambio en el caso colombiano, esa marginación de los sectores populares configuró fenómenos de corrupción como el clientelismo político, el contrabando y el narcotráfico que a lo largo del siglo XX provocaron gran parte de la movilidad social y la aparición en la década de los 60 de los grupos guerrilleros.

Esta es una razón fundamental para que hoy en día el supuesto Estado colombiano se encuentre erosionado al enfrentar un poder paraestatal constituido por las organizaciones insurgentes que dominan políticamente gran parte del territorio nacional y se disputen con las autoridades legítimas la capacidad de mando y conducción sobre los asuntos de determinado municipio o región.

Para ubicarnos históricamente en el tema, se puede afirmar sin temor a equivocarse que Colombia está en el intento de construir un sistema regido por las pautas del Estado de Derecho. Lo que tenemos ahora es un remedo, algo caricaturesco de Estado de Derecho.

En este momento Colombia enfrenta varias contradicciones sociales y políticas por encontrar una ruta civilizada que permita determinar su desarrollo. Empero, cuenta con varias lecciones que le han dejado su tortuoso pretérito que, infortunadamente, no ha sido capaz aún de corregir. Ese es su reto, pues en la medida en que corrija los yerros del pasado, y los diferentes actores del conflicto armado colombiano asuman conductas de tolerancia y de respeto por las diferencias del otro, así como haya concesiones y se busque por la vía del consenso nuevos derroteros de organización política y económica, comenzará a florecer no solamente un nuevo país sino que se empezarán a darse los elementos para que tenga sentido y validez el Estado de Derecho.

Por lo tanto se hace necesario echar una mirada sobre lo que ha sido el lastre histórico de Colombia que no ha permitido consolidar su frágil y casi inexistente democracia.

No hubo desde el comienzo de nuestra vida republicana la solidez de un liderazgo que nos encauzara o nos impusiera una escala de valores y un modelo respecto de nuestros deberes para construir una patria medianamente justa para impedir que Colombia fuera un país donde se aniden las injusticias, las atrocidades y los cinismos.

En este país no hay sentido de Estado, por cuanto que las grandes mayorías de colombianos no tienen nada que agradecerle a la organización institucional porque en vez de ser instrumento para “defender vida, honra y bienes” de los ciudadanos, en muchas ocasiones se convierte en instrumento de violencia y en violador de los derechos fundamentales.

Desde los albores de la República y hasta la mitad del siglo XX la sociedad colombiana pese a sus grandes contradicciones se dejó influenciar por decisivos factores de poder como la Iglesia Católica que en forma nefasta intervino en la educación y en el proceso de culturización del país.Como consecuencia de esa falta de identidad cultural y de ese fraccionamiento social, Colombia ha transitado su proceso histórico en medio de la guerra civil no declarada. Durante el siglo XIX se instalaban y se derrocaban presidentes gracias al conflicto armado y del mismo modo se imponían constituciones a la medida del líder militar o político de turno.

Así los colombianos entramos al siglo XX, pero la guerra llegó a tal degradación que el conflicto bélico de mediados de esta centuria que se conoce con el apelativo de la Violencia con mayúscula, se configuró como un enfrentamiento con amplios ribetes de fanatismo porque estaban en pugna dos sectas partidistas: la conservadora y la liberal.

Lo triste de esta etapa de confrontación partidista de los años cincuenta es que, como lo afirma el escritor William Ospina en su ensayo “Colombia: el proyecto nacional y la franja amarilla”, fue protagonizada por liberales pobres y conservadores pobres, mientras los poderosos de ambos partidos aprovechándose de su ignorancia los azuzaban y los financiaban no por una causa altruista sino para aprovecharse del botín del Estado. Para tal objetivo no importaba usar la fuerza de manera dramática sacrificando la vida de sus propios siervos, que nunca cayeron en cuenta de quesimplemente eran utilizados por sus jefes y patrones.

En medio de una guerra no declarada que asolaba a pueblos y ciudades sobrevino el magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, sin lugar a dudas la fecha más aciaga de la historia colombiana del siglo pasado no sólo porque ese día se rompió definitivamente el endeble hilo conductor del orden social, sino porque vino a confirmar de modo dramático, y si se quiere dantesco, la magnitud de la descomposición y fractura de ese tejido social del país.

Entre 1946 y 1965 Colombia se vio sumida en una orgía de sangre que marcó la desventura de su destino. Pero lo más criticable y asombroso aún es que la clase dirigente que precipitó al país a ese horror sea la misma que continúa ostentando el poder. No es necesario, entonces, desgastarse en disquisiciones para demostrar el fracaso del bipartidismo y de la elite gobernante, pues solamente es preciso mirar cuál es el país que nos legaron y ver el país que tenemos.

MIOPÍA DEL BIPARTIDISMO

De esta manera entramos al nefasto experimento del Frente Nacional, otro de esos “inventos jurídicos” de nuestra clase dirigente que trajo consigo los mayores males para la sociedad colombiana de comienzos del siglo XXI. Males que sumados a los que esta Nación traía acumulados desde la Independencia nos dio como resultado un país hundido en la desolación, la impotencia y la desesperanza, como el que tenemos ante los ojos del mundo.

El sistema del Frente Nacional surgió como mecanismo para deponer en mayo de 1957 al dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, quien había derrocado al régimen conservador fascista encabezado por el presidente Laureano Gómez Castro el 13 de junio de 1953.

La dirigencia liberal-conservadora viéndose desplazada por el régimen militar de Rojas se ingenió la manera de “tumbarlo” y bajo el pretexto de la conciliación entre los partidos que históricamente se habían enfrentado en forma violenta convino en alternarse el poder por espacio de 16 años, entre 1958 y 1974. Pero no solamente el partido liberal y el partido conservador se turnaron exclusivamente la Presidencia de la República sino que, además, se repartió milimétricamente la burocracia entre militantes de estas dos colectividades. En consecuencia, quienes no pertenecían a una de estas banderías políticas se les negaba el derecho de ingresar a los distintos órganos y ramas del Estado, así como no podían postularse a ningún cargo de elección popular, proscribiendo toda posibilidad contradicción, privilegiando de esta manera el unanimismo.

Como el Frente Nacional cerró todo intento de oposición legal, tal como ocurre en las peores dictaduras, surgió la oposición ilegal que se sustenta en el uso de las armas, la cual ha crecido hasta tal punto que se ha adueñado de más de la mitad del país y a la que los Presidentes de la República deben hacer concesiones de todo tipo a ver si se digna entrar en negociaciones de paz.

Pero es el mismo Estado colombiano corrupto e ineficaz el que, paradójicamente, ha forzado a muchos campesinos a integrar los movimientos insurgentes porque no ven posibilidades de futuro dentro de una sociedad a todas luces injusta que debería posibilitar su desarrollo como individuos en condiciones de igualdad. Por lo menos en la subversión tienen presente y pueden sobrevivir al día - día en un país donde sólo queda rincón para la desesperanza y la muerte.

El sistema paritario del Frente Nacional cerró, igualmente, el acceso a la riqueza a las clases medias, impulsándolas a estas a abrirse campo económicamente acudiendo a actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. Es el Estado, también en este caso, que cierra las posibilidades económicas a sus capas sociales más desfavorecidas, las cuales no pueden desarrollarse dentro del marco de la democracia económica y para sobrevivir se ven abocadas a buscar su supervivencia por la vía de la ilegalidad.

Definitivamente el Frente Nacional engangrenó el de por sí incipiente sistema político del país no solamente porque prohibió la oposición legal, acabó con el marco de la democracia económica y gobernó para la élite plutocrática del país, sino porque convirtió al Estado en un nido de corrupción y en una madriguera de saqueadores de los bienes públicos, amparados por un bipartidismo liberal-conservador que no admitía fiscalización alguna.

Terminado el experimento aciago del frentenacionalismo Colombia siguió gobernada mediante régimen de Estado de Sitio (estado de guerra), con lo que ello implica para la institucionalidad del país, pues según coinciden los tratadistas este estado de excepción si bien está contemplado en la Constitución se puede semejar a un régimen marcial. Pero, además, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se aumentaron aún más las atribuciones del ejecutivo para manejar el orden público con el llamado Estatuto de Seguridad que era un conjunto de normasdraconianas que permitían al gobierno en sus niveles nacional, departamental y municipal procesar e imponer las penas, pasando por alto el poder judicial.

En medio de esa erosión institucional se llegó a la Constituyente de 1991 que se mostró como el elíxir a las dolencias nacionales y por eso no importó saltarse el ordenamiento constitucional vigente.

Sin embargo pocos años después de haberse promulgado la nueva Carta Política, el Estado en Colombia sigue amenazado por múltiples factores como la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia organizada, la corrupción, la concentración de la riqueza y del poder y aunque si bien es cierto en este país hay elecciones y libertad de prensa eso no quiere decir que haya democracia y, por ende, impere el Estado de Derecho. No, lo que ocurre en Colombia es que en medio de una guerra no declarada se busca por las partes en conflicto una redistribución pactada del poder político, económico, social y regional, donde las élites locales cedan posiciones reales porque no hay otra alternativa para empezar a construir un concepto de Nación. Pero para llegar a esa redistribución pactada del poder, sin cometer los pecados del Frente Nacional que lo monopolizó en reducidísimos grupos, el país debe recorrer un buen trecho en medio de la confrontación armada y aún es incierto si una negociación entre el establecimiento y las fuerzas insurgentes llegue a puerto seguro.

Por todo lo anterior no es posible hablar de Estado de Derecho en Colombia, habida cuenta que desde que nació la República lo único que ha habido es exclusión y toma del poder mediante la triquiñuela y los sistemas fraudulentos.

Además el llamado establecimiento que ha manejado el poder no ha sido capaz de imponer un proyecto político nacional coherente y de largo aliento, sino que ha gobernado fraccionado en gran parte por su mezquindad de querer aprovecharse de todo el botín para sí. Y cuando ha llegado a consensos, caso Frente Nacional, es porque esa elite ha visto que peligran sus intereses.

Desde antes de la Constitución de 1863, pasando por la de 1886 para llegar a la de 1991, Colombia se ha caracterizado por ser un país con disfraz de democracia y un modelo caricaturesco de Estado de Derecho. La democracia y el Estado de Derecho en este país son meramente conceptos virtuales y la realidad demuestra que en estas materias prácticamente todo está por construir.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSURGENCIA ARMADA

Colombia inicia el tercer milenio en forma muy similar a como comenzó el siglo XX. En medio de la guerra llamada de los Mil Días y bajo un gobierno de ultraderecha el país recibió el amanecer del año 1900 y terminó la centuria bajo los rigores de un conflicto irregular que si bien no divide a la Nación pero la tiene sumida en el horror y la desesperanza, dirigida, así mismo, por un mandatario con tintes autoritarios.

Pero la postración del país en sus instituciones y, por ende, en su desarrollo político, económico, social y cultural se debe en gran parte a que los colombianos no han podido superar los lastres del pasado a los que hay que agregar los nuevos fenómenos y contradicciones al interior de la sociedad.

El conflicto armado que vive Colombia tiene razones históricas y sociológicas que hacen que sus características se diferencien de las que han enfrentado el resto de países del continente latinoamericano.

La primera razón es de carácter histórico y tiene que ver con el hecho de que la guerrilla colombiana a diferencia de los otros países de este continente no fue exclusivamente una reacción inspirada por la revolución cubana, sino que su origen es más profundo y se remonta a la situación de violencia vivida a mediados del siglo XX por la confrontación entre liberales y conservadores, la cual, igualmente, puede considerarse como la prolongación de las guerras sangrientas que a lo largo del siglo XIX enfrentaron estos bandos partidistas.

La represión y el monopolio absoluto del poder por parte del bipartidismo impidieron desarrollar un proceso democrático en Colombia, por lo cual irrumpió la oposición armada que vio en esta vía un mecanismo válido para presionar y hacerse escuchar.

Una segunda razón que explica el alcance que ha logrado la guerrilla en cuatro décadas de lucha armada que tiene al país en una encrucijada, es su estrategia de alguna manera exitosa para desarrollar su proyecto político y militar, lo que le ha permitido la toma sistemática y progresiva de más de 500 municipios colombianos, en los cuales la subversión gobierna o cogobierna gracias a su gran poder de intimidación.

Otro elemento importante que ha contribuido a la desarticulación del Estado colombiano es el narcotráfico que con el fenómeno de la guerrilla han terminado constituyendo un binomio. Binomio que en forma permanente pone en riesgo la fragilidad institucional de Colombia. A ello hay que añadirle la expansión de los grupos de autodefensa o paramilitares que, ante la debilidad del Estado, buscan sustituirlo para enfrentar a la subversión, escalando como es obvio, cada día más el conflicto, en una guerra feroz por “conquistar” y someter el mayor número de regiones del país. Lo que está en juego, pues, es el dominio territorial de las diferentes zonas geográficas colombianas por parte de la guerrilla o de los paramilitares.

Y, finalmente, otra razón de la profunda crisis de este país obedece a la debilidad y corrupción del propio Estado que no ha tenido estrategia alguna para enfrentar con decisión los distintos fenómenos de una sociedad en permanente ebullición como es la colombiana.

Desde la década de los 80, cada Presidente llega con un nuevo plan de paz en el bolsillo que la guerrilla consiente de su poder, desdeña y termina burlándose del gobierno de turno.

Con una situación de esta magnitud muy difícilmente se puede concebir una organización de Estado en Colombia, pues las cifras son contundentes: según la edición de la prestigiosa revista norteamericana Time de septiembre de 1998, la insurgencia domina “casi la cuarta parte de la población colombiana y su territorio abarca un tercio del país de sus 1025 municipios. Colombia corre el peligro de acabar dividida en tres partes con fronteras delimitadas por sus montañas geográficas. Las guerrillas marxistas dominan en el sur, el Gobierno controla la zona central y los grandes centros urbanos. Mientras los grupos paramilitares conocidos como Unión de Autodefensas de Colombia de extrema derecha y apoyados por el ejército, han tomado gran parte del norte”.

Pero el análisis de este artículo es concluyente cuando sostiene que el gobierno colombiano al tratar de negociar con los más de veinte mil guerrilleros (entre Farc y ELN) “se enfrenta a un gobierno rival de facto, al que las débiles fuerzas armadas no pueden controlar”.

Lo que existe en Colombia es un país con una organización estatal virtual, pues no hay nación como tal y el concepto de Estado apenas subsiste para quienes habitan los centros urbanos más importantes. La situación en tal sentido es dramática: hace mucho tiempo que el mal llamado Estado colombiano perdió el monopolio de la fuerza; el tejido social se halla desintegrado por cuanto que la guerra interna ha dejado más de un millón y medio de desplazados por la violencia que se encuentran al abandono de su suerte; el debilitamiento de los mecanismos de justicia es alarmante, pues casi el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.

A lo anterior se suma el fraccionamiento de la élite gobernante, más conocida con el apelativo de establecimiento que muy similar a los inicios de la República, sigue dividida por sus ambiciones de poder.

Una redistribución negociada del poder con los movimientos insurgentes puede contribuir a iniciar un proceso democrático que permita construir en Colombia un Estado de Derecho, donde la oposición política civilizada sea posible y se puedan dirimir las diferencias y las controversias políticas por medios institucionales respetando las reglas de juego y el orden jurídico vigentes.

Sin embargo no se puede vislumbrar una negociación de redistribución del poder y de construcción de un nuevo Estado a mediano plazo por las múltiples circunstancias adversas que rodean un proceso como éste.

Lo cierto es que distintos gobiernos se han visto abocados a negociar políticamente y en vano con la subversión porque el establecimiento y su élite dirigente no fueron capaces de construir país y como se llegó al fondo de la crisis, se han visto obligados a ceder y a intentar a un costo muy alto legitimar el modelo de Estado que se ha contemplado en las distintas Constituciones que ha tenido Colombia, las cuales, infortunadamente, no han pasado de ser letra muerta y por eso las consecuencias nefastas están a la vista.

COLOMBIA, PAÍS APARENTE

Luego de este deshilvanado análisis se puede colegir que en Colombia lo que se ha pretendido mostrar como “Estado de Derecho” se ha montado sobre la presunción de la ilegalidad que desde luego conlleva la presunción de corrupción en el manejo del Estado.

La intrincada historia colombiana nos muestra que el Derecho y las leyes no han sido instrumentos que garanticen la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, sino que, por el contrario, han sido mecanismos de dominación para la preservación de privilegios.

Lo anterior lo demuestra el hecho de que “los gobernantes no ven la Constitución como un orden superior al cual deben estar sometidos, sino como un instrumento de gobierno susceptible de manipulaciones hábiles para alcanzar los objetivos requeridos”.

La manipulación de la ley y con ella la ilegalidad han servido para la redistribución política y económica de quienes han manejado y manejan el Estado. Por eso es que han surgido fenómenos como la oposición armada, el narcotráfico, el paramilitarismo que constituyen expresiones claras de una realidad política al margen del derecho constitucional del sufragio y al margen del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Esto es un síntoma significativo de que la precaria legitimidad que aún conservan los partidos tradicionales y con ellos el caricaturesco Estado colombiano se derive de su capacidad de movilizar unas votaciones que aparentemente refrendan su representatividad, cuando para la obtención de los sufragios se recurre a prácticas que con frecuencia están por fuera de la ley. Para nadie es extraño en un país como Colombia la existencia de prácticas como el fraude electoral, la compra de votos, el clientelismo, la utilización de auxilios parlamentarios para la financiación del proselitismo político. Algo así como que la legitimidad del poder se deriva de la burla de la legalidad que ese mismo poder defiende.

En Colombia cínicamente se ha querido vender la idea y se ha convertido en lugar común decir que pese a los embates de la subversión, del narcotráfico o de los paramilitares no se ha logrado poner en jaque a las instituciones y que el Estado ha logrado salvaguardarlas, cuando la realidad es abismalmente distinta puesto que mientras para los que afirman que la dignidad del Estado sigue imperturbable, la sociedad se desmorona, el descontento crece y las injusticias se incrementan.

Lo que sucede es que en este país el funcionamiento del Estado y de su aparente legalidad se sucede al margen del comportamiento de la sociedad.

¿Pero por qué esta situación casi ancestral? No hay duda, el problema institucional de Colombia que no ha logrado superar los lastres del pasado, es de índole cultural. Si se da un vistazo a nuestros orígenes como República, se podrá observar cómo durante la campaña de la Independencia se fusiló a la gente más distinguida del Nuevo Reino de Granada, lo cual produjo al país un daño enorme, porque siendo pocas las personas que sabían leer y escribir, que tenían conocimientos avanzados y que poseían capacidad de organización, esa guerra las exterminó y sin esa élite nos quedamos con un material humano que difícilmente manejaban situaciones. El fusilamiento del sabio Caldas, por ejemplo, constituyó una catástrofe como episodio cultural, tanto que existe una placa en Madrid, en la que España pide perdón por haberlo sacrificado. Estos episodios de violencia son probablemente los que determinaron un estilo en manejo del gobierno.

Además la violencia desde ese entonces tiene la característica de ser una lucha por el poder y por sobre todo las guerras civiles nunca han tenido en Colombia una reivindicación social. Y en ninguna de las confrontaciones armadas ganaron los de arriba o los de abajo, siempre ganó el establecimiento. Ese establecimiento quedó dominado por los ricos minoritarios sobre unos pobres mayoritarios.

El proceso histórico colombiano es un lastre que el país no ha podido superar, por eso en alguna oportunidad Nelson Mandela señaló que “la experiencia enseña que las naciones que no enfrentan el pasado se ven atormentadas por él por generaciones”.

Y es precisamente el hecho de no haber podido enfrentar objetivamente los problemas que se fueron acumulando del pasado que Colombia no solamente está sumida en una crisis institucional y de valores sino, que además, se ha constituido en un país problema para la región latinoamericana.

Este país comienza el siglo XXI sin haber superado gran parte de los yerros del siglo XX. Lo cual ha conducido a que prácticamente el Estado esté en vías de extinción. Su principal función, la de servir de mecanismo para resolver los conflictos e impartir pronta justicia es ya más declarativa que real. El ablandamiento producido por unas leyes transaccionales en gran medida ha sido un factor de violencia. El régimen jurídico en apariencia es respetado por todo el mundo y, al mismo tiempo, irrespetado por todos, en un balance de actitudes rígidas y blandas que nos conduce a algo muy grave que es la impunidad.

Frente a la creciente impunidad y la poca confianza y credibilidad que ofrece el aparato judicial, la justicia se ha privatizado ya porque se acude a tribunales particulares de arbitramento o ya porque se acuden a las vías de hecho para hacer justicia por propia mano.

¿CUÁL HA SIDO LA EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE URIBE VÉLEZ?

Bajo premisas falsas y sobredimensionando el papel de las Fuerzas Militares colombianas en el sentido de que están ganando la "guerra" a los grupos insurgentes, se ha buscado "informar" sobre los resultados de la eufemísticamente denominada política de "Seguridad Democrática" del presidente Álvaro Uribe Vélez al superar la mitad de su mandato.

Analistas oficiales del conflicto armado, conjuntamente con los tradicionales medios de comunicación de Colombia, sustentados únicamente en informaciones del gobierno y del Ministerio de Defensa han venido difundiendo la especie según la cual la política de "Seguridad Democrática", que es una versión remozada de la vieja "Doctrina de Seguridad Nacional", está dando excelentes resultados, hasta el punto de que el presidente Uribe tiene "arrinconada" a la guerrilla que, según esas "fuentes", prácticamente está a un paso de ser derrotada militar y políticamente.

Hasta un "colombianólogo", el profesor francés del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Daniel Pécaut, escribió en el primer semestre de 2003 un libro de coyuntura titulado Midiendo fuerzas, en el que pretendió, con base en la información oficial, hacer un análisis del primer año de la administración Uribe en lo atinente a su estrategia contrainsurgente.

En un capítulo de su trabajo académico reproducido en el suplemento dominical del diario El Tiempo de Bogotá (1), Pécaut cae en el artilugio de los sectores gobiernistas de hacer ver que, efectivamente, "las guerrillas pasan por una fase difícil".

Lo que demuestra la "investigación", si es que así se puede denominar al trabajo del catedrático francés elaborado en París, es que definitivamente no es posible opinar o analizar un conflicto como el colombiano, allende los mares. Es necesario para comparar fuentes o tomar el pulso de los acontecimientos estar in situ. De lo contrario, se cae en improvisación e inexactitudes, pese a que hoy se puede estar "informado" gracias a la globalización de las telecomunicaciones.

Pécaut en su ensayo parte de supuestos falsos: sostiene en primer término que la guerrilla ha perdido terreno. Esa es una idea errónea que se viene difundiendo ampliamente por los medios de prensa del establecimiento colombiano. Se quiere de esa manera ganar la "guerra" en forma mediática. Pero como bien señala el coronel (r) ecuatoriano Jorge Brito Albuja, dentro de la estrategia militar colombiana "hay un plan que se llama 'de operaciones sicológicas' para controlar los medios de comunicación y difundir solo aquello que está debidamente filtrado, debidamente analizado, eso es parte de un plan de campaña que consiste, fundamentalmente, en sobredimensionar los 'éxitos' entre comillas de las fuerzas legales y disminuir las acciones del adversario, en este caso de las FARC". (2)

Adicionalmente, varios sectores en Colombia y, sobre todo, los analistas de academia que hacen reflexiones cómodamente apoltronados y por lo tanto no realizan trabajo de campo, consideran que a la guerrilla se la "ha golpeado muy duro" en lo que va corrido el gobierno de Uribe Vélez, y como afirma Pécaut, viene perdiendo respaldo político. Ese no es más que el discurso oficial que se ha venido repitiendo históricamente y con mayor énfasis desde el gobierno de César Gaviria a comienzos de la década de los 90.

Si algo tiene la guerrilla colombiana, particularmente las FARC, es respaldo popular. Es que no se quiere entender, o no se han dado cuenta los analistas oficiales del conflicto colombiano, que las FARC constituyen un proceso histórico, cuyas raíces deben estudiarse a partir de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, el sur del Tolima y otras áreas del centro del país de finales de los años 40 y comienzos de los 50, cuyo desarrollo se vio agudizado como consecuencia del magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Por lo tanto, es una guerrilla que cuenta con un anclaje y un entramado social campesino muy fuertes.

Las FARC son consecuencia de un fenómeno social profundo que el establecimiento colombiano no solamente propició mediante un régimen del terror a mediados de la década de los 40 sino que, además, no ha logrado solucionar.

La lucha guerrillera prácticamente lleva cinco décadas y las FARC en sus 40 años de existencia ha creado todo un tejido social campesino que le ha permitido consolidar un ejército de más de 20 mil hombres en armas. Su origen es legítimo, porque como lo afirma el periodista Antonio Caballero, "nació como autodefensa para defenderse de un Estado dañino, así como de los dueños de ese Estado". (3)

En gran parte de las poblaciones rurales de Colombia, amplios sectores campesinos hacen parte de las FARC. En otras palabras, miles de guerrilleros están enraizados entre la población de las comunidades campesinas del país porque pertenecen a ellas, obviamente que no van a portar el uniforme de campaña. Sirven como auxiliadores, cooperantes y cuando hay necesidad de ir al combate están prestos a asumir su compromiso militar.

ROL DE COGOBIERNO

Hay que entender que la guerrilla hace parte de la vida cotidiana de centenares de poblaciones colombianas y ha generado toda una cultura. En muchas áreas rurales en donde jamás ha hecho presencia el Estado, su influencia es tan grande que impone alcaldes y concejales, ejerce justicia, cobra "impuestos" como el de gramaje a los cultivadores de hoja de coca y amapola, y hasta elabora los presupuestos municipales, adoptando de esta manera, un papel de cogobierno. Que esto no se informe por parte de los medios de comunicación no quiere decir que la guerrilla "esté perdiendo terreno".

En desarrollo del gobierno de Uribe Vélez ¿cuáles son las pérdidas considerables de la guerrilla de las que habla el profesor Pécaut? ¿Cuántos miembros del secretariado de las FARC o del comando central del ELN han sido capturados?

Los organismos de seguridad del Estado desde el inicio del gobierno de Uribe informan de manera sistemática que capturan entre 30 y 40 campesinos diariamente, pero lo que se ha demostrado hasta el momento es que a los pocos días deben excarcelarlos porque la Fiscalía no halla las suficientes pruebas para sindicarlos de guerrilleros. En últimas terminan por hacerles un favor porque, en medio de su pobreza, demandan al Estado por reparación directa o daños y perjuicios.

Ciertamente han caído mandos medios o guerrilleros de base. Aunque el gobierno de Uribe muestra como una “victoria” suya la captura en Quito en enero de 2003 del dirigente Simón Trinidad, quien fue aprehendido gracias a labores de inteligencia de la CIA y algunas unidades policiales ecuatorianas.

Al haber sido extraditado Trinidad a Estados Unidos, se convierte en el primer preso político colombiano en la potencia gringa, dando un paso más en la internacionalización del conflicto colombiano con impredecibles consecuencias en el desarrollo de la lucha política, social y armada, restando posibilidades de lograr acuerdos parciales como el canje de prisioneros de guerra o intercambio humanitario.

Pécaut dice que desde hace ya algunos meses la guerrilla viene actuando de manera episódica. Claro, frente al gran despliegue militar del gobierno de Uribe Vélez, la guerrilla no va a ser tan torpe de enfrentar al Ejército y su aviación, cuando se sabe de sobra que las FARC utilizan la guerra de guerrillas como estrategia. El factor sorpresa ante el descuido del enemigo es lo que privilegia la táctica guerrillera y, en consecuencia, no tiene capacidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con el Ejército colombiano ni de realizar una guerra de posiciones.

"Todo el arte de la guerra está basado en el engaño", y "dominar al enemigo sin combatir es la habilidad suprema", afirma el milenario estratega militar chino Sun Tzu (4) y eso lo saben muy bien las FARC. Por esa razón es que frente a la política del gobierno del presidente Uribe Vélez, la guerrilla se haya replegado.

¿CUÁL EFECTIVIDAD?

Si bien es cierto la ofensiva militar ha crecido durante la administración Uribe, su efectividad sigue rezagada. A esta conclusión llegó un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia, dirigida por el politólogo Alfredo Rangel, con ocasión del primer aniversario de este gobierno. Según esa investigación mientras los ataques de la Fuerza Pública crecieron en 55 por ciento con relación al primer semestre de 2002, el número de bajas de miembros de grupos irregulares disminuyó en un 24 por ciento. Agrega el citado estudio que en el primer semestre de 2003 murieron menos hombres de las FARC en promedio por combate que durante el mismo periodo del año precedente. Mientras en el 2002 fallecían en promedio 1,6 guerrilleros de esta agrupación en cada enfrentamiento, en 2003 la cifra se redujo a 1,1 muerto por cada enfrentamiento. Adicionalmente en un 26% han aumentado los ataques de la guerrilla a la Fuerza Pública. Sin embargo el informe señala que los grupos guerrilleros "han bajado el nivel de actividad armada y se encuentran replegados, aún cuando no han dejado de realizar acciones de sabotaje y de hostigamiento". Pero es un repliegue "relativo y tal vez temporal". De todas maneras el accionar bélico guerrillero continúa: "mientras en el primer semestre de 2002, dos de cada tres ataques de grupos insurgentes eran actos de sabotaje (contra infraestructura y objetivos económicos) y el resto eran golpes contra la Fuerza Pública; en este año esa relación se invirtió: por cada dos golpes contra policía y militares, se produjo uno de sabotaje". (5)

CONFLICTO DE BAJA INTENSIDAD

Lo que demuestra el proceso histórico de las FARC es que es una guerrilla inteligente en el ámbito militar que domina el arte de la guerra irregular. Sabe esperar, se sabe replegar cuando es inminente el peligro. En los actuales momentos, como se dice en el argot popular colombiano, no son tan bobos de "dar papaya". Sin embargo, los diversos frentes de las FARC siguen dominando militar y políticamente amplias zonas geográficas de Colombia y han puesto fuera de combate a diversos sectores paramilitares que no tienen, por esa razón, más alternativa que buscar su desmovilización en un supuesto y disfrazado "proceso de paz" patrocinado por la administración de Uribe Vélez.

En múltiples departamentos y municipios del país los candidatos a cargos de elección popular deben "pedirle permiso" a las FARC para poder postularse a gobernaciones o alcaldías. Si eso no es poder, entonces ¿qué es?

También agrega Pécaut que la guerrilla no está en las ciudades y que enfrenta "pérdida de credibilidad". Se le olvida al profesor francés que prácticamente en todas las capitales departamentales del país existen milicias populares de las FARC y células vinculadas a esta organización subversiva que hacen labor de inteligencia. Obviamente que no dan golpes certeros en el campo militar todos los días, pero es evidente que esta organización cubre los cuatro puntos cardinales de la geografía nacional y cuenta con amplias redes de cooperación efectiva. Es un hecho, entonces, que la guerrilla posee apoyo en amplios sectores campesinos y populares de la sociedad.

Es necesario derribar el mito de que en Colombia se viene dando una "guerra civil". Esto es una falacia, pues no se dan las condiciones para hacer tal afirmación. Como bien lo indicaba el ex presidente Andrés Pastrana Arango, en este país no toda su población vive en guerra pero es real que el conflicto tiene efectos directos y consecuencias muy negativas para toda la sociedad.

Colombia, si nos atenemos a los manuales de estrategia militar, vive un conflicto de baja intensidad, cuya definición alude al uso limitado de la fuerza para someter al adversario. Las formas de la guerra de esta dimensión son muchas. Se asocian con situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos militares cortos, antiterrorismo, antisubversión, conflictos internos, guerra de guerrillas, operaciones paramilitares, operaciones militares e invasión.

En consecuencia, en este país se desarrolla una guerra irregular que por sus características no conoce la movilización. Es un conflicto por el alma y la mente de la población.

La guerra irregular, entonces, "es de suyo, en su mayor parte, combate ilegal, o sea que viola normas legales; pero de ninguna manera es una forma ilegítima de combate". (6)

Los conflictos de baja intensidad como el colombiano, terminan militarmente, según la definición de los estrategas estadounidenses, cuando se requiere el uso de una fuerza mayor.

Tampoco es factible la presunción de que se vaya a generalizar un clima de "guerra civil" en Colombia, por una parte porque está demostrado que ni las Fuerzas Armadas de esta nación están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla por mucho fortalecimiento económico que logre o por el asesoramiento gringo que siga obteniendo; ni las FARC tienen posibilidades reales de tomarse el poder. La dinámica, en consecuencia, es la de un conflicto de baja intensidad, como ya quedó explicado.

Es inaceptable académicamente esbozar que en este país "han sido numerosos los indicadores de la degradación del conflicto en los años recientes. Una degradación que podría acentuarse en función de factores como la polarización". Estas son frases de "cajón" porque cabe preguntarse ¿qué conflicto bélico por muy baja intensidad que sea, no se degrada? ¿Cómo se pueden medir los niveles de degradación de los conflictos?

Se podrá afirmar que ahí están las normas del Derecho Internacional Humanitario que buscan "amortiguar" los efectos de un conflicto armado y que hay que exigirle a la guerrilla que las cumpla.

Pero como bien lo arguye el sociólogo Alfredo Molano, "las fuerzas irregulares no pueden, por su propia naturaleza, respetar los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario, porque no pueden sacar a la población civil del conflicto; ella es justamente el objeto de la disputa, mucho antes de lo que lo sean sus territorios o sus riquezas. La población civil en un conflicto irregular es un recurso militar logístico y político. Por todo esto la prédica de humanizar la guerra puede conducir a un peligroso encubrimiento como forma de superar el conflicto armado". (7)

Lo único cierto y eso se evidencia en el conflicto colombiano, es que, como bien lo afirma el estratega alemán del siglo XVIII, Karl von Clausewitz, "cada guerra desarrolla una lógica interior". (8)

CONSECUENCIAS DE LA TRANSACCIÓN POLÍTICA

Pécaut, de otra parte, sobre estima y resalta el hecho de que en Colombia se viene dando una "estabilidad institucional gracias a su política transaccional". Es evidente que a partir de la experiencia del Frente Nacional (1958-1974) en este país se ha aplicando un vergonzante ejercicio de componenda en el manejo del poder, que el profesor norteamericano Jonathan Hartlyn denomina como "consociacionalismo". (9) ¿Pero cuál ha sido su costo? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa política transaccional y monopólica? Ahí están a la vista: consolidación de grupos alzados en armas; aparición de clases sociales emergentes gracias al narcotráfico, el contrabando y la expoliación del Estado; desaparición sistemática de las corrientes políticas de oposición; violación de derechos humanos; y debilitamiento del poder estatal.

A partir de 1958 cuando se inauguró el malhadado sistema transaccional del Frente Nacional, el establecimiento colombiano lo hizo sin mayores miras que el reparto mezquino de las gabelas y las prebendas que depara el Estado. Y es que "la clase dirigente colombiana nunca ha tenido un proyecto político claro y coherente capaz de imponerlo por las vías legales y mediante el consenso sobre el conjunto de la sociedad. Eso explica que las élites de este país en su incapacidad de gobernar hayan terminado cediendo en sus intereses ante la aparición de nuevos actores y clases emergentes y reclamando triunfos 'pírricos' que no han permitido consolidar ningún proyecto de largo alcance".

"Esa incapacidad de la clase política para diseñar un proyecto político equitativo dio lugar en Colombia a las alianzas precarias, a los caciques regionales, al despotismo de éstos en el ámbito burocrático y a las coaliciones para conservar pequeños y fragmentados espacios de poder. Es obvio, entonces, que frente a esa compleja manipulación del poder el país haya padecido y siga padeciendo una inestabilidad política y constitucional que se refleja, claramente, en el hecho de que en menos de dos siglos de historia republicana, Colombia haya tenido quince constituciones y una permanente luchar armada por consolidar posiciones hegemónicas..." (10)

El propio gobierno de Uribe ha sido incoherente en su estrategia de “seguridad democrática” y tierra arrasada, pues un día pide la intervención de los cascos azules y otro la invasión directa de los marines. Privilegia la fumigación con glifosato de todo un país; se complace acabando con la institucionalidad social del Estado; inventa monólogos de paz con las estrategias encubiertas de terrorismo agenciadas; busca su reelección para atornillarse en el poder tratando de repetir la nefasta experiencia fujimorista en el Perú; y para completar, pretende que la "justicia infinita" de la principal potencia mundial que promueve guerras en todo el mundo solucione el conflicto colombiano al que minimiza al calificarlo simplemente como un fenómeno terrorista.

EL NEGOCIO DE LA GUERRA

No es ninguna novedad que haya "sectores interesados en la prolongación de la guerra" en Colombia. El primer interesado sin lugar a dudas, es el gobierno de Washington por cuanto que el Plan Colombia es el mejor pretexto para ayudar a la industria bélica estadounidense, por un lado; y de otro, tiene la posibilidad de imponer sus políticas para continuar ejerciendo su dominio en un país de interés geoestratégico como éste.

Gracias a la industria bélica Estados Unidos creció entre 2003 y 2004 dos por ciento en su producto interno bruto y si bien la invasión a Irak les ha sido muy conveniente para sus propósitos en esa materia, el Plan Colombia permite a las empresas mercenarias de ese país grandes réditos, de una parte; y de otra, el negocio del narcotráfico posibilita blanquear 500 mil millones de dólares al sector financiero gringo al año. Es que la guerra vende más y es un negocio muy rentable, fundamentalmente, para los Estados Unidos.

No es cierto que exista un riesgo de "una creciente paramilitarización de la sociedad". Ese fenómeno se viene presentando, precisamente, desde el último año del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) cuando se rompieron las negociaciones con las FARC. A partir de ahí los sectores económicos y más retardatarios del país que le apuestan a la guerra y a una política de tierra arrasada auparon la candidatura de Uribe Vélez y sus medios masivos de comunicación lanzaron toda una estrategia publicitaria para generar un sentimiento de "paramilitarización" en la población colombiana, como el mismo Pécaut, denomina.

También es de bulto sostener que el presidente Uribe Vélez aún conserva un alto grado de popularidad y de respaldo ciudadano, si se tiene en cuenta que su elección se debió en gran parte al desgaste y a los errores políticos de sus contendores en el proceso electoral, al desprestigio del proceso de paz de la administración Pastrana y a la desesperanza de un amplio sector de la población colombiana, todos estos factores aunado al efecto mediático y publicitario. Sin embargo, como lo cuestiona el propio Pécaut, ¿hasta cuando le durará ese capital político al primer mandatario colombiano? Porque durante lo que lleva su gobierno se ha podido verificar que es un Presidente tremendamente prestigioso pero inepto porque hasta ahora no se puede vislumbrar que las medidas que ha tomado en el ámbito social o económico hayan mejorado la situación de penuria que vive el país. Por el contrario, según los analistas, las medidas económicas y el ahondamiento del modelo neoliberal han generado mayor recesión.

FACTOR ECONÓMICO, INCIDIRÁ EN EL CONFLICTO

Con niveles de deuda externa prácticamente que inmanejables y con la pretensión de gastar 5.5% del producto interno bruto colombiano por año en el componente militar, no hay economía que aguante.

En concepto de los analistas económicos Javier Fernández Riva y José Fernando Isaza, por muy popular que sea Uribe, "si a la gente le tocan el bolsillo y viene una nueva recesión, se acaba la luna de miel".