PARMENIO CUÉLLAR ANALIZA EN CRONICÓN LA JUSTICIA EN COLOMBIA
"EL ESTADO VIVE Y FOMENTA LA ILEGALIDAD"
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
Si bien es cierto que ha ocupado múltiples posiciones en la administración pública, considera que, infortunadamente, una "golondrina no hace verano" en el intento de cambiar la dirección socio-política del Estado, pues como es obvio, las grandes reformas en un país dependen de múltiples factores e intereses.
Polémico y como tal generador de debate, sus posturas intelectuales que se pueden catalogar de "avanzada" generalmente causan escozor en un país como Colombia en el que pese a sus múltiples desgracias y escándalos que debe soportar a diario, posee un talento conservador y pacato.
Concejal, diputado, representante a la Cámara, senador de la República, ministro de Justicia, dirigente gremial, gobernador de Nariño, son los cargos que ha ostentado Parmenio Cuéllar Bastidas en su ya extensa trayectoria política. Su experiencia en el ámbito público le ha permitido afianzar sus convicciones jurídicas y políticas, algunas de las cuales le han generado conflicto en el momento en que se ha desempeñado en esas posiciones de responsabilidad pública, como por ejemplo, cuando se vio obligado moralmente a dimitir del Ministerio de Justicia por no compartir la postura del gobierno en el manejo de la denominada justicia sin rostro.
Cuéllar Bastidas tiene una clara concepción social de la justicia y del manejo político del Estado, hasta el punto que cuando estaba al frente de la cartera de Justicia y del Derecho planteó en una conferencia una posición muy controvertida, según la cual, la impunidad puede servir de instrumento para alcanzar la paz y restañar las heridas que los conflictos armados necesariamente causan.
Para analizar estos y otros temas relacionados con el complejo tema
de la justicia en Colombia, Cuéllar acepto la invitación
a dialogar con CRONICÓN.
EL DERECHO NACE ANTES QUE LA LEY, DEL CONSENSO
Trayendo un antecedente histórico como el de la batalla de Cuaspud (población en el sur de lo que es hoy el departamento de Nariño), en la que el general Tomás Cipriano de Mosquera venció a las tropas invasoras del Ecuador, el entonces ministro Cuéllar Bastidas, esbozó así su planteamiento:
Existe una tendencia que indica que el Estado debe retribuir siempre las conductas que atenten contra él. Para quienes discurren de esta manera, cada conducta debe tener un castigo: ojo por ojo y diente por diente. Si este planteamiento no se realiza consideran que hay impunidad. Es decir, que si el castigo es solamente parcial, o no se alcanza a castigar al total, se ha incumplido el fin de la justicia. Los defensores de esta tesis están condenados a ser los eternos amargados de la historia por cuanto ningún Estado en el mundo ha sido capaz de retribuir todas las conductas punibles que se dan en su seno.
¿Cómo maneja el General Mosquera el sentido político de la impunidad? ¿Qué haría cada uno de mis oyentes después de una victoria, con dos mil presos en sus manos y con la posibilidad de realizar el objetivo político? ¿Cómo manejaría cada uno de ustedes el castigo? ¿Cómo se aplicaría el ojo por ojo y diente por diente, después de derrotar a un enemigo traicionero o bandolero?
El General Tomás Cipriano de Mosquera resolvió el problema con la impunidad. No castigó a nadie. Consideró que con las bayonetas se puede conquistar el poder pero no se puede sentar encima de ellas para gobernar, tal como se lo aconsejaron en su momento a Napoleón.
La proclama con la que el General Mosquera se retira después del triunfo, y la impunidad del adversario traidor dice: "... Compatriotas, hoy marcho con el ejercito para Colombia, dejando en tierra ecuatoriana amigos y aliados, y olvidados los agravios y disgustos que pudieron ocasionar tristes sucesos que nos llevaron al campo de batalla. Yo os conjuro a nombre de la libertad para que olvidéis cuanto pudo causar la guerra fratricida entre los dos pueblos colombianos y a que estrechados por mutuas relaciones demos ejemplo de cordial reconciliación... "
La enseñanza de Mosquera nos indica que el castigo tiene un sentido político, que el retribucionismo no es una solución.
De esta suerte el visionario prócer se anticipó centenariamente al pensamiento actual de la punición. Vemos cómo en la actualidad un académico europeo, el profesor Enrique Gimbernat, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, se expresa sobre el sentido de la pena: " ... porque la pena ,- y esto reside en la naturaleza de las cosas -, no se puede aplicar derrochadora, sino cautelosamente; en otro caso se introduciría el desconcierto en los mecanismos humanos de control y sólo se conseguiría la destrucción del efecto de la pena ... " (Enrique Gimbernat Ordeig. Obra "¿Tiene futuro la dogmática penal?” Ed. Temis 1983. Pag. 17. Bogotá)
Mosquera triunfante renuncia a su ideal político y a la pena. Porque entendió que el derecho nace sobre una base humana. Comprende el General que el hombre no debe ser victimado por las normas que se imponen por la fuerza. Predicó, con su ejemplo, que el derecho nace antes que la ley, de la buena voluntad y del consenso.
Pero, adicionalmente, este jurista con estudios de Economía en la antigua Checoslovaquia, es partidario de que el Estado colombiano adopte una legislación de emergencia con amplio sentido social para momentos de profunda crisis institucional como la que estamos padeciendo en la actualidad en Colombia para aliviar en algo la cruda realidad que debe afrontar a diario el ciudadano común. "No es posible, dice Cuéllar, que en una situación de crisis económica como la que enfrentamos impere la normatividad propia de un sistema no crítico".
LA SOLUCIÒN POLÌTICA ES LOGRAR UN ACUERDO HUMANITARIO
- En una conferencia que dictó siendo Ministro de Justicia en la Escuela Superior de Guerra sobre la actuación militar y política del general Tomás Cipriano de Mosquera en la batalla de Cuaspud el 6 de diciembre de 1863 de la que salió victorioso frente a las huestes ecuatorianas que comandaba Juan José Flores, usted resalta que este general payanés utilizó la impunidad como medio para dignificar al contrario y desarrolla esa tesis. ¿Considera, entonces, que la impunidad, como lo plantea en su disertación, pueda servir para alcanzar niveles de convivencia y paz ciudadanas?
- Yo pienso que la impunidad en el sentido del perdón es lo más importante en todo proceso, no solo judicial sino político. Muchas veces he pensado y he querido hacerlo y decirlo pero no he tenido la forma: si estuviera de Presidente de la República sin ninguna condición habría indultado a Francisco Galán y a Felipe Torres del ELN. Es que aquí en Colombia lo que se está planteando es una confrontación bélica, una guerra. No se trata del delito común, simple y llano, yo siempre he sido partidario de la amnistía y del indulto del delito común conexo con el político porque no es posible concebir en este momento que un delincuente político pueda cometer la rebelión sin quedar incurso en delitos comunes, eso ya no se da. Pienso que perdonarles a Torres y a Galán es impunidad, pero es una impunidad que conduce al perdón y a la reconciliación. Allí es donde el Estado y el hombre son grandes, cuando son capaces de perdonar. Hace un par de años en un artículo que publiqué en El Espectador propuse que el Estado debería financiar a la subversión a cambio de que no haya secuestros ni violación al Derecho Internacional Humanitario. ¿Por qué? Porque el costo social y económico es menor, es mucho menor, porque se parte del principio de que la subversión siempre se ha financiado en la ilegalidad y la paz solamente se la puede encontrar sobre el reconocimiento de la realidad, en primer lugar. En segundo lugar, hay que darle a la contraparte una razón en sus planteamientos. Usted no puede pedirle a la guerrilla que como gesto de paz no se financie y por lo tanto se extinga, ese es un planteamiento absurdo, yo pienso que la idea que tendrá que imponerse si nosotros queremos realmente acabar con este flagelo del secuestro, partiendo de la base obvia que nadie está de acuerdo con el secuestro, es la vía política porque no es suficiente condenarlo desde el punto de vista ético, y la solución política es lograr un acuerdo humanitario que le permita a la subversión financiarse sin que cometa este tipo de conductos. Sin embargo, cuando llegue ese momento vamos a encontrar otro problema, porque la subversión está incursa no solamente en la comisión de delitos de carácter común sino que varios de sus miembros están incursos en delitos de lesa humanidad, esa va a ser una prueba muy difícil porque el Estado tendrá que decidir a nombre de la sociedad, allí se justificaría una consulta popular. El pueblo verá si perdona a cambio de poder alcanzar una meta o si definitivamente eso no es posible. Pero yo advierto que allá llegaremos porque no creo que será posible pactar una paz sobre la base de que los jefes de la guerrilla terminen en la cárcel por el resto de su vida, no concibo eso porque soy partidario de las soluciones políticas que para este caso tienen que hacerse con mucha imaginación.
- Y hablando de soluciones políticas, usted plantea la necesidad que hay en Colombia de parar en el caso de la jurisdicción civil los procesos ejecutivos y los remates ante la profunda crisis económica en que nos debatimos. ¿Cómo ahonda y cómo justifica este planteamiento?
- Las cifras que revela la Corporación Excelencia en la Justicia con base en información del Consejo Superior de la Judicatura indican una evolución del proceso civil, en el sentido de que la mayoría de los procesos en los juzgados civiles son ejecutivos y solamente una minoría que alcanza aproximadamente al 12 por ciento son declarativos y aquí no se cuentan los lanzamientos, como tampoco se contabilizan los procesos de alimentos. Esto demuestra que la jurisdicción civil se ha convertido en una cobradora, en un instrumento del Estado en esta época de crisis para exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones civiles. En una sociedad normal el proceso ejecutivo es para el que no quiere pagar y no para el que no puede pagar. La ley diseñó el proceso ejecutivo para obligar a pagar al deudor que tiene bienes y se resiste a pagar, la mayoría de estos procesos son ejecutivos singular y por lo tanto el acreedor lo único que tiene es el salario. Yo planteo, entonces, que cuando se observa este estado de cosas con óptica social nos encontramos que inexorablemente en la distribución de los bienes la apropiación injusta en beneficio de unos y en detrimento de las mayorías constituyó la mayor fuente de injusticia del siglo XX. En efecto, no es fácil entender para el común de los colombianos cómo a nombre de la justicia pueda un juez civil, por ejemplo, lanzar a un inquilino que no puede pagar la renta del arriendo porque perdió su empleo, privilegiando así el derecho de propiedad del dueño del inmueble sobre el derecho fundamental del lanzado y de su familia a la vivienda, así sea en condiciones precarias.
- ¿De acuerdo con ese planteamiento suyo, en Colombia la propiedad privada no cumple una función social?
- No está cumpliendo una función social, no es una función social y es superior el derecho a la propiedad. El juez no tiene derecho hacer un lanzamiento en esas condiciones porque la Constitución y la ley le dicen que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental. El sustento que lleva a este planteamiento es que en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo no puede imperar la normatividad propia de un sistema no crítico.
JUSTICIA SOCIAL Y DISTRIBUTIVA VS. JUSTICIA JURÍDICA
- ¿Entonces en dónde queda el Estado de Derecho?
- ¿El Estado de Derecho es la defensa de la propiedad? Cuando el Estado está para defender vida, honra y bienes. Vida, primero. La normatividad tiene que cambiar, en una época de guerra como la que estamos viviendo no puede regir una legislación normal; en una época de crisis económica y social como la que estamos viviendo el Estado no le puede obligar al ciudadano a que cumpla la legislación de una época normal, por eso yo soy partidario de que el Estado tiene que mirar políticamente los efectos de la aplicación del sistema judicial. Soy partidario, por ejemplo, de que se suspendan las ejecuciones civiles hasta cuando la crisis lo exija. Es decir, el Estado no tiene autoridad ética para quitarle el techo a una persona que ha perdido el empleo no por su culpa sino porque la crisis determinó el cierre de la empresa o la eliminación de ese cargo, y adicionalmente verse él y su familia echados a la calle porque eso es violencia institucionalizada. Pero es que la ley dice que toca, sí, pero yo lo que digo es que hay que cambiarla, hay que hacer algo, hay que suspender los efectos de esa legislación que es para una época distinta.
- ¿Si miramos la historia colombiana podríamos decir que el Estado en muchos aspectos ha sido generador de violencia?
- El Estado en sí en la teoría de Marx es un instrumento
de violencia, eso es algo indiscutible, pero yo lo que planteo e insisto
es que en una época de crisis el Estado no puede exigir el cumplimiento
de la legislación en la forma como se le puede exigir al ciudadano
en una época normal. El Estado en desarrollo de la Constitución
debe estar en la capacidad de hacer una legislación de emergencia.
De lo contrario se presentará un fenómeno de violencia
social y todas esas gentes afectadas por la situación económica
no tendrán otro refugio que la subversión. Y entonces
viene la subversión en una nueva mesa de negociación a
plantear una serie de reformas para que se le devuelva al campesino
o al pequeño propietario de los centros urbanos sus respectivas
propiedades, por qué tenemos que aceptar todo ese proceso absurdo:
la ley lo pone en la ilegalidad, lo manda a la subversión para
que ésta le reclame al Estado de Derecho que le dé lo
que le puede dar el Congreso a través de una ley. Por qué
tenemos que dar semejante vuelta, por qué tiene que ser la guerrilla
la vocera de esos sectores. Una persona que demuestre que ha perdido
su empleo debería ser causal para suspender un proceso ejecutivo.
Es que el sistema judicial no puede hacer más crítica
y gravosa la situación del ciudadano y ser generador violencia
En definitiva, no puede penalizarse la crisis social.
- Eso hoy está mandado a recoger, el mismo abolicionismo
ha empezado a tomar más cuerpo, ya ni siquiera la tesis de la resocialización.
La tesis de la resocialización ya es mirada ahora como una escuela
atrasada, lo que se ha propuesto es la eliminación de la cárcel
como método de sanción, por eso se llama el abolicionismo.
El Estado tiene que empezar a pensar en otras formas de sanción
y de control social. Se considera que la cárcel no cumple ninguna
función, no cumple siquiera la función de resocialización
en los países donde existe esa filosofía, con mayor razón
en los países donde todavía impera la vieja escuela del
retribucionismo y, por lo tanto, la cárcel es prácticamente
una muerte en vida, la cadena perpetua, la celda unipersonal, el hecho
de tener el preso encadenado, es decir, producirle un dolor. En esas condiciones,
plantear que Colombia vuelva a la época del retribucionismo no
es correcto como se contempla en el Código Penitenciario, del cual
yo fui ponente en el Senado de la República. Cuando estaba en discusión
este código quise que se suprimiera el retribucionismo como uno
de los principios, planté su eliminación porque el Estado
no puede tener esa filosofía, sin embargo quedó la frase
allí y no solamente la frase porque seguimos siendo un Estado en
el cual ni siquiera hay resocialización sino mera retribución.
Además el Estado se volvió impotente para encontrar soluciones
sociales y, en consecuencia, no le queda sino abrir las cárceles
para meter la gente y el problema es que este proceso de pauperización,
de empobrecimiento va en aumento, entonces las penitenciarias no dan abasto.
- El aparato de justicia debe ser exclusivamente para combatir la corrupción y aquellas conductas en las que esté plenamente establecido que el delincuente tuvo la libertad para escoger entre el bien y el mal, no en las cuales el delincuente fatalmente tuvo que acudir a la comisión de un delito. Por fortuna el país en algo ha ido evolucionando en ciertos criterios, yo hice un debate en el Congreso en torno a los raspachines. Yo llevé el tema al Congreso y recuerdo que había gente que me recomendaba que no hiciera el debate porque muchos sectores iban a interpretar que era partidario del narcotráfico. Les respondí que iba a promover tal debate porque quería denunciar que en ese mundo de la producción de narcóticos hay también un gran sector social que es explotado por el narcotráfico como es el de los raspachines y probé lo que ganaba un raspachín que es apenas un salario mínimo y es gente que a duras penas sobrevive. Esa actividad del raspachín es un delito en la legislación nacional pero cómo puede el Estado colombiano meter a la cárcel a 200 mil o 300 mil raspachines, ese simple hecho de la existencia de ese sector social tan grande demuestra que el Estado no tiene autoridad ética para exigir el cumplimiento de la ley. El Estado no puede seguir viviendo haciendo excepciones y decir esto es ilegal pero como no hay nada que hacer me hago el de la vista gorda. Pero en el caso del raponero que es otro raspachín que en vez de estar raspando coca está atracando en las calles de Bogotá, a ese no le puede dar el tratamiento de hacerse el de la vista gorda, a ese debe aprehenderlo y meterlo a la cárcel, entonces es el Estado el que vive y fomenta la ilegalidad y termina empujando al ciudadano a la ilegalidad, y luego le quiere aplicar formalmente una legislación que no está para la realidad social.
- Con lo que acaba usted de decir, en Colombia hay una carencia de Estado. O mejor se presenta inexistencia del Estado de Derecho, ¿no le parece?
- El Estado de Derecho es un desarrollo del pacto social, en ese pacto social se concibe que los ciudadanos lo van a obedecer y se prevé que el porcentaje que no lo va a respetar es mínimo con conductas que contradicen dicho pacto. Por lo tanto, yo me he puesto a pensar qué porcentaje sería normal de personas que cumplan el pacto y he llegado a la conclusión que ese porcentaje no puede llegar siquiera al uno por ciento. El uno por ciento de 40 millones de colombianos sería cuatro millones y nosotros no podemos aceptar que ese uno por ciento de compatriotas viole la ley porque tendríamos ese número de personas en la cárcel, sino que tendríamos que bajar esa cifra a mucho menos de 400 mil porque Colombia tiene unas cárceles solamente para 40 mil presos. Pero resulta que cuando la gente que viola la ley porque la situación económica social se ha deteriorado de tal manera y sobrepasa esos niveles el problema ya no es judicial, el problema es político. Por eso yo he dicho muchas veces que la mejor política criminal es una buena política económica y viceversa. Usted no puede tener una mala política económica que genera pobreza y luego decir sentémonos hacer una buena política criminal. No hay política criminal que resista una mala política económica, es que eso es imposible. El Estado no puede ser una máquina que genere condiciones sociales que determinen el delito, la parte penal es la última parte, luego viene el concepto global de la justicia. Hemos terminado con la justicia judicial que reemplaza todo el concepto de la justicia, no, la justicia en el sentido que la definieron los romanos es la voluntad constante de dar a cada cual lo que le corresponde, es más distributiva que judicial, pero hoy cuando a un colombiano se le habla de justicia lo primero que piensa es en un juzgado y no en la justicia social. Para que haya menos justicia judicial debe haber más justicia social, más equidad en el Estado, pero en Colombia hemos creado una justicia represiva que ha terminado por compartirla todo el mundo.
- Dentro de la justicia judicial a la que usted hace referencia, están los mecanismos alternativos como la conciliación y el arbitramento. ¿Cuál es su concepto sobre ellos, no terminan por privatizar y encarecer la justicia?
- Yo comparto la justicia alternativa: la conciliación,
el arbitramento, lo malo es que nosotros llegamos allá no como
un producto de un proceso serio en el sentido de convocar al ciudadano
a resolver pacíficamente sus contradicciones privadas, sino como
resultado del desborde, por la incapacidad de la rama judicial de darle
solución a estos problemas. No llegamos a la justicia alternativa
como fruto de un proceso de reflexión en el cual decimos nosotros
podemos y debemos propiciar un espacio de resolución de conflictos
en el ámbito de la comunidad sin necesidad de ir al juzgado, no,
llegamos a ella porque un día dijimos la justicia judicial es incapaz,
es morosa, está congestionada, entonces inventémonos un
proceso de conciliación para suplir esas falencias de la justicia,
eso es lo malo. Entonces vienen los reproches a esa justicia, porque no
es fruto de un proceso en el cual los ciudadanos aceptan unos mecanismos
alternativos sino que se les imponen y las partes no quedan satisfechas.
Pero, además, viene otro problema y es que al arbitramento es elitista
y solo quedó exclusivamente para los sectores altos de la sociedad
y la conciliación para los sectores populares, por eso se reprocha
la justicia alternativa.
- Bueno, pero usted fue Ministro de Justicia y del Derecho, tuvo capacidad de interlocución con el Congreso de la República, tuvo poder si poder político se puede decir que tiene un ministro, ¿todo esto que ha dicho en que quedó por su paso en esa cartera ministerial?
- Ser ministro implica acatar una política de Estado, no actuar con criterios personales, y en gran parte eso implicó mi salida del Ministerio de Justicia, el no compartir la forma como se quería resolver el problema de la justicia sin rostro ya fue la última etapa en la cual yo tenía contradicciones que, pensé, no se podían ya resolver, hubo muchas otras que el país no conoció y que solamente la generosidad del presidente Andrés Pastrana permitió que yo continuara. Le relato simplemente una anécdota: en el primer consejo de ministros se presentó un proyecto de acto legislativo en el cual se proponía desmontar la expropiación por motivos de equidad que yo había combatido como senador, inclusive el presidente Pastrana lo propuso cuando estaba en el Congreso en la Comisión Primera del Senado en el tiempo en que fuimos colegas. En ese entonces yo encabecé la contraparte, recuerdo que en ese consejo de ministros traje a cuento este antecedente y el Presidente tuvo la gentileza de evitarme firmar ese proyecto. Pero no podía seguir la constante de que en cada discrepancia del Ministro de Justicia el gobierno tuviera que hacer esas excepciones para que yo pudiera continuar. Por eso le repito, si yo tuviera independencia como gobernante o como parlamentario no dudaría en propiciar mi forma de pensar.
- ¿Cuando uno llega a un alto cargo público como fue su caso al Ministerio de Justicia con unas posturas intelectuales de avanzadas como las que usted ha esbozado, no es frustrante ver que la política del Estado, las presiones de toda índole no dejan sacar adelante las ideas o proyectos que se llevan en mente?
- Desde luego, porque una cosa es lo que uno piensa como particular o intelectualmente como un hombre público pero sin compromisos con el Estado, y otra cosa es cuando se tiene responsabilidades con éste, ahí se viven situaciones muy difíciles porque uno tiene muchas veces que aceptar al menos en silencio decisiones que personalmente no las puede compartir. En mi caso que soy un disidente del establecimiento y no me molesta decirlo, así me reconozco, yo llegué a la conclusión de que no debí aceptar el Ministerio y por eso cuando fui donde el presidente Pastrana a entregarle mi carta de renuncia recuerdo que le dije: Presidente usted se equivocó al nombrarme; él me respondió que de ninguna manera que estaba complacido conmigo, a lo que le contesté que yo también me equivoqué al aceptarle, no debía hacerlo porque yo soy un disidente del establecimiento y no puedo vivir en permanente discrepancia. Lo que puedo decirle es que mi paso por el Ministerio de Justicia fue una experiencia muy dura porque vivir en esa situación fue tremendo, yo me di cuenta que ser ministro de Justicia en Colombia es ser jefe de la represión y yo no quería ostentar este título.
- ¿En Colombia se justifica mantener el Ministerio de Justicia, así éste se haya fusionado con el del Interior, cuando prácticamente se ha quedado sin funciones porque ya no fija la política criminal del Estado, pues ese papel lo ha asumido la Fiscalía y ha terminado por ser un carcelero mayor aunque esta responsabilidad la cumple el Inpec? ¿Cuál es entonces la función de este Ministerio?
- Cabalmente lo que le estoy diciendo, el papel del Ministerio es trazar una visión política de la justicia, antes se pensaba que la misión de esta cartera era hacer la logística de la rama judicial: comprarle el papel, adquirir las máquinas de escribir y las computadoras, buscarle los locales para que funcionen los juzgados, ahora eso lo hace el Consejo Superior de la Judicatura. Después de la reforma constitucional del 91 se le quitó la administración de las cárceles porque eso tampoco debe ser función del Ministerio de Justicia. Su función es la de estudiar permanentemente la realidad social y formular una dirección política de la justicia, porque el juez no lo puede hacer ya que él simplemente debe limitarse a aplicar la ley, en cambio el gobierno si debe ver cuáles son los efectos de la legislación en un momento determinado y proponer reformas porque el Congreso no tiene, infortunadamente, una infraestructura que le permita hacer investigación. Los proyectos de ley que son de iniciativa parlamentaria por lo regular son muy improvisados, el congresista no tiene la logística para hacer un estudio que le determine un buen proyecto, aunque no se puede desconocer su esfuerzo pero tiene muchas limitaciones para hacerlo, es el Estado el llamado a hacerlo y cómo, a través del Ministerio de Justicia. La reforma de los códigos tiene que hacerlo esta cartera, lo hizo hace poco la Fiscalía, muy bueno, pero era una función del gobierno presentar las reformas no sólo de los códigos penales sino de todos los códigos. El Ministerio no es para ejecutar nada sino para diseñar políticas de Estado frente a todos estos temas a los que nos hemos referido.