En su anterior visita, es decir en la tercera, efectuada entre el 14 y 15 de enero de este año, James Hill se reunió con treinta oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para delinear una estrategia global de seguridad y control en la frontera norte.

Un oficial de las Fuerzas Armadas afirma que las visitas de Hill “tienen que ver con temas de seguridad: el Ecuador ofrece facilidades para sus desplazamientos y desde acá puede monitorear e informarse de lo que pasa en Colombia”.

De acuerdo con fuentes del diario El Comercio de Quito en un informe publicado el pasado 17 de febrero de 2004, Hill expuso en esa oportunidad auxiliado por un traductor y con la ayuda de un proyector, un completo esquema militar elaborado en Power Point, en el que se detallaron sus objetivos y alcances, y luego entregó el documento de resumen a los militares ecuatorianos, al que se anexó una matriz. En este documento de nueve páginas se concretan en forma pormenorizada las tareas que el Comando Sur coordina con las FF.AA ecuatorianas desde hace varios meses, en el marco del Plan Colombia.

En el resumen se puntualiza que el plan se encuentra en la etapa de identificación de necesidades y el apoyo a las capacidades militares. Entre las distintas acciones que especifica el documento que se tienen previsto ejecutar se destacan las siguientes:

• Construcción de batallones e infraestructura en la Amazonía.

• Mejoramiento de la capacidad de fuerza.

• Provisión de armas y equipos para operaciones especiales.

• Ejecución de programas de entrenamiento.

• Operaciones de inteligencia.

• Instalación de facilidades aéreas y marítimas en Galápagos.

TAPEN, TAPEN

Ante las publicaciones periodísticas de los medios de comunicación ecuatorianos que denuncian el cada vez mayor involucramiento de su país en el Plan Colombia, el Ministro de Defensa ha salido a desvirtuarlos y respecto del informe del diario El Comercio, negó conocer los alcances y los temas tratados en la reunión con Hill, a pesar de que la jefe de prensa de la embajada estadounidense en Quito, Marti Stell, confirmó la realización de esa sesión de trabajo y la existencia del documento, el cual aclaró, es sólo una propuesta sujeta a discusión. Sin embargo, en el resumen escrito se especifica que “la matriz de planificación ya fue validada por el Ecuador y el Grupo Militar de EE.UU”.

Esto fue corroborado a El Comercio por un oficial del Ejército ecuatoriano, quien aseguró que “el Plan de Seguridad empezó a delinearse desde que Lucio Gutiérrez llegó a la Presidencia de la República”.

DESPLZAMIENTO FORZOSO

Lo grave de la participación del Ecuador en el Plan Colombia son las repercusiones sociales y económicas que viene generando, sobre todo, en el lado oriental de la frontera de ambos países. Desde que dicho plan comenzó a ejecutarse, algo más de ochenta familias se han visto obligadas a abandonar sus fincas ubicadas en Puerto Mestanza, a orillas del río San Miguel, en la Provincia de Sucumbíos como consecuencia de las fumigaciones realizadas en las zonas selváticas amazónicas de Colombia para erradicar las plantaciones de coca del otro lado del río.

"Con las fumigaciones que empezaron en enero de 2000 como parte del Plan Colombia, la situación es desesperante, no se puede trabajar, nos han acabado la economía y nuestros cultivos", afirma Víctor Mestanza, uno de los miembros de las pocas familias que se quedaron.

Debido a las aspersiones de fungicidas realizadas por avionetas colombianas que en forma constante sobrevuelan esa zona fronteriza, los campesinos ecuatorianos han perdido varias hectáreas de cultivo de caña de azúcar, plátano, así como han visto morir sus animales domésticos, es decir han visto desaparecer el fruto de más de veinte años de trabajo agrícola.

De acuerdo con las informaciones suministrada por algunos habitantes de la región limítrofe afectada, el problema involucra a alrededor de diez mil colonos e indígenas de Sucumbíos, que viven a lo largo y ancho de unos 300 kilómetros de la frontera que esta provincia ecuatoriana comparte con Colombia.

En efecto, buena parte de los pobladores presentan diversos problemas de salud al reportar síntomas generalizados de intoxicación como fiebre, mareo, diarreas, vómitos e irritación de mucosas que atribuyen al potente herbecido glifosato, el cual se esparce por encima de las áreas pobladas, escuelas, ríos y esteros.

Por esta razón las familias campesinas han tenido que buscar mejor suerte abandonando sus parcelas dada la circunstancia de que no tienen con que alimentarse, pues perdieron la posibilidad de sembrar sus tierras.

Los habitantes de Sucumbíos exigen del Estado ecuatoriano una posición clara frente al problema: la suspensión de las fumigaciones y la aplicación de un corredor de amortiguamiento de 10 kilómetros al norte del río San Miguel en territorio colombiano; indemnizaciones de parte del gobierno de Colombia a los afectados y la aplicación de un plan de desarrollo socioeconómico para las numerosas comunidades que no tienen servicios públicos básicos.

Para responder a las quejas de los colonos fronterizos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ecuatoriano a iniciativa de la diputada María Augusta Rivas, organizó un recorrido a la zona entre el 27 y 29 de febrero para recolectar testimonios y escuchar las denuncias de los campesinos y autoridades locales.

Rivas invitó a la comisión científica constituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores para estudiar posibles daños en el territorio ecuatoriano.

“No hay duda que las fumigaciones causan desequilibro ambiental, afectan la salud y generan pobreza, afectando las relaciones comerciales entre las poblaciones vecinas. Se involucró al Estado ecuatoriano en el Plan Colombia y nos lleva a un derrotero sin fin, no sabemos cómo va a terminar el país", indicó el diputado de Sucumbíos Julio González, quien observó además que la comisión científica constituida por la Cancillería carece de credibilidad. "La decisión es política, el Presidente ecuatoriano invierte en la militarización cuando se necesita asistencia social. La postura del gobierno obedece a las presiones de los gobiernos estadounidense y colombiano, y Gutiérrez ya se declaró el mejor aliado de Bush y Uribe".

NIÑOS SIN ESCUELA

La maestra Narcisa Trujillo vio exponer dibujos de sus alumnos a los miembros de la Comisión. Los dibujos infantiles representan aviones y helicópteros echando lluvias de herbicida sobre la escuela y las casas del poblado.

"Hasta la última fumigación, las avionetas y helicópteros pasaron directamente encima de la escuela, fumigando los espacios de juegos de los niños. Ellos han presentado síntomas de fiebre, mareos y erupciones cutáneas", explica la profesora.

Mariela Pinto, presidente de los profesores de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Sucumbíos denunció, por su parte, el cierre de escuelas de la zona fronteriza en lo que sospecha sería un plan de despoblación del Gobierno para que los colonos se retiren de la zona sin ser indemnizados.

Indicó que esta situación ha llevado a que cuatro escuelas hayan sido cerradas desde el año pasado, afectando a 50 niños y empujando a sus familias al exilio.

Según algunos analistas la intensidad del Plan Colombia y las acciones del Ejército colombiano contra las FARC han ido creciendo desde la elección del presidente Álvaro Uribe, pero a la par se ha causado una preocupante crisis humanitaria en la frontera colombo-ecuatoriana.

A ello hay que agregar el ascenso paulatino de la participación activa del Ecuador en el conflicto interno colombiano al contar con mas de seis mil soldados que están resguardando la frontera.

Esta realidad la califica Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador como “un acto de traición a la patria. Se está entregando no sólo buena parte del territorio ecuatoriano, sino la de los pobladores de frontera a quienes se les está exponiendo a una guerra bacteriológica, implementada a través de las fumigaciones, para forzar el despoblamiento del área dentro de la estrategia militar utilizada por los Estados Unidos en su afán expansionista; y también la vida de nuestros soldados que deberán pelear por intereses ajenos al país, dentro de una política mercenaria en la que el pago son migajas que entrega, como sinónimos de beneficencia, la gran potencia”.

Por su parte, el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en el Ecuador, fundado en febrero 17 del 2000 por el defensor de Derechos Humanos, Alexis Ponce, el ex comandante del Ejército de ese país, general (r) René Vargas Pazzos, el coronel (r) y estratega militar Jorge Brito Albuja y el abogado Galo Chiriboha Zambrano, presidente de la Asociación Americana de Jurista, capitulo ecuatoriano, expidió una declaración el pasado 11 de marzo, en la que respalda la postura asumida por El Comercio, al tiempo que hace una serie de reflexiones en torno del controvertido asunto.

El Grupo de Monitoreo recuerda que en forma sucesivaLos gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez han acatado no solo con beneplácito, sino “con sumisión, toda iniciativa del Departamento de Estado, del Comando Sur y del Palacio de Nariño en nuestro territorio, en perjuicio de la política exterior que ha adolecido de criterios de dignidad y responsabilidad con el futuro”.

El documento, en otro de sus apartes expresa que “esperar la suscripción de nuevos convenios militares o diplomáticos de Ecuador con EEUU y Colombia para cuestionar los impactos de la débil o sumisa política internacional ecuatoriana de los últimos cinco años, es erróneo. No son necesarios nuevos convenios para militarizar la creciente intervención estadounidense en el análisis de los escenarios fronterizos y las estrategias operacionales de carácter diplomático, político y militar del Ecuador. El convenio firmado en julio de 1999 entre nuestro país y EEUU para la concesión de la Base de Manta, permitió convertir el territorio nacional entero en una “FOL”, una base de operaciones estratégicas y logísticas para el Plan Colombia, y los subsiguientes convenios, pactos y documentos que se conocen, no son sino una consecuencia de esa primera matriz que permite involucrarnos cada día más en un conflicto y en geoestrategias de hondas consecuencias para la vida de nuestro pueblo”.

Respecto del reciente viaje del presidente Gutiérrez a Bogotá, el Grupo de Monitoreo recomendó que esta oportunidad hubiera sido propicia para demandar del presidente Álvaro Uribe el fin de las fumigaciones en la franja fronteriza de 15 kilómetros acordada en el pasado, y “el reconocimiento gubernamental colombiano de indemnizaciones a nuestro país por los efectos de las fumigaciones, del conflicto y de las operaciones militares sobre nuestro territorio”.

DESPOBLAR TERIROTRIOS CAMPESINOS

Explican además los integrantes de este grupo de análisis del Plan Colombia que Las fumigaciones tienen un objetivo militar vaciar de agua al pez, “es decir despoblar territorios campesinos de Colombia para derrotar a la insurgencia. Pero la salida militar no tiene futuro porque ese despoblamiento conducirá más temprano que tarde al traslado de la guerra a las ciudades, convirtiéndose éste en el eje estratégico del conflicto interno a futuro. Bagdad ha probado que no hay operación militar de un ejército regular que pueda tener éxito en un escenario de guerra de ciudades”.

“Por tal razón el gobierno de Uribe por instrucciones del Pentágono busca por todos los medios taponar la frontera sur. Es decir, convertir al Ecuador en el yunque del martillo estratégico. Esa es la función que durante cinco años se ha preparado para asignarla al Ecuador”.

“La presión supranacional sobre el Ecuador tiene ese objetivo: que asuma el papel de “Yunque Estratégico”, cuyos costos empiezan a sentirse. Por vez primera 18 escuelas primarias ecuatorianas cierran sus locales y labores en la zona de frontera debido a los combates en el otro lado y a la militarización en el nuestro. Honduras y Camboya deben ser el espejo en el que tiene que mirarse el Ecuador antes de que sea demasiado tarde”.

¿INICIATIVA DE PAZ?

Finalmente, el Grupo de Monitoreo del Plan Colombia exhorta al presidente Lucio Gutiérrez a informar a la comunidad internacional, pero fundamentalmente a los países andinos, sobre los alcance de la iniciativa de paz que ha manifestado haber diseñado para contribuir a la solución del conflicto colombiano.

“Luego de la visita a Bogotá, el Presidente Gutiérrez debería dar a conocer ‘en blanco y negro’ a todo el país la propuesta de paz que hace tiempo dice tener para coadyuvar a la superación del conflicto en Colombia, y de inmediato debería viajar a los que ha llamado “países amigos” (Brasil, Argentina, Venezuela y Perú) para iniciar acciones de cabildeo, consenso y perfeccionamiento de una propuesta de paz regional que sea aceptada por todas las partes en Colombia, o que al menos garantice que ese conflicto y sus secuelas bélicas de intervención y regionalización no atravesarán las fronteras de los países vecinos”, expresa el citado documento.

LOCUACIDAD DE GUTIÉRREZ Y MUTISMO DE URIBE

Para evitar entrar en el debate que viene generando el Plan Colombia en amplios sectores de opinión de Ecuador, el presidente Álvaro Uribe Vélez se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación ecuatorianos con motivo de la visita oficial que realizó a Bogotá el pasado 16 de marzo su homólogo Lucio Gutiérrez.

En contaste, el mandatario ecuatoriano concedió entrevistas a los diversos medios periodísticos colombianos.

“¿Se trata de una forma de minimizar la visita del presidente ecuatoriano a Colombia? ¿O es un signo inicial del poco interés de transparentar la agenda de la reunión entre ambos mandatarios?”, se preguntó el diario Hoy de Quito.

Según el análisis del matutino ecuatoriano detrás de la agenda que trataron los dos mandatarios, en el trasfondo “es evidente el interés de la administración estadounidense y del presidente Uribe en la regionalización del conflicto y las presiones para una activa participación militar de Ecuador, cuando todo apunta al ascenso de la escalada militar en Colombia. Uribe se halla en carrera contra el tiempo para debilitar la guerrilla; no darle tregua y apostar a su derrota militar permitirían llegar, finalmente, a una negociación de paz sin que se repitiera el estruendoso fracaso que experimentó esa negociación con la política conciliadora de Andrés Pastrana”.

LOS PROBLEMAS MIGRATORIO Y COMERCIAL

Adicionalmente el diario Hoy toca el problema de la migración pues en la actualidad hay en Ecuador 250 mil indocumentados, la mayoría de los cuales ha pasado la frontera a consecuencia del conflicto.

Se queja también el análisis de que mientras el Estado ecuatoriano ha desplegado un alto número de efectivos militares a lo largo de la frontera, “Colombia no retribuye ese esfuerzo de vigilancia con puestos fijos: algunas zonas se hallan en manos de guerrilleros y paramilitares. ¿Cómo reclamar por el tráfico ilegal de armas si la frontera se halla desguarnecida? ¿Qué garantía hay de que se contenga el traslado de las plantaciones de coca o la operación de laboratorios clandestinos para procesar la droga al otro lado de la frontera?”

Y una consecuencia final que anota el citado periódico es que “el incremento de la escalada militar puede tener efectos en el flujo comercial entre ambos países, que representa sobre los 1 000 millones de dólares cada año. La relación en este plano tiene que preservarse, a pesar de la escalada militar cada vez más cercana por el Plan Colombia”.

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