Con otros pulpos han entrado a pisar fuerte, en el negocio de los servicios públicos, convirtiéndolos en una mercancía y no permitiendo que se desarrollen como derecho esenciales de la persona humana. Desde ese punto de vista, han dominado la energía eléctrica, el transporte, la educación, la salud; el agua, y acá es necesario detenerse para apuntar que el constituyente primario firmó un mandato para que se tramitara un referendo que elevase el uso de este recurso de vida como un derecho fundamental y hasta el candidato presidencial del PDA Gustavo Petro ha propuesto que se debe garantizar el consumo de 22 mts cúbicos gratuitos para los nacionales como mínimo vital. En el mercado formal de las armas convencionales, nada más mirar a quién le compró en forma constante armas el Ministerio de Defensa del actual candidato de ojos rasgados. La telefonía fija y móvil celular. La industria del entretenimiento. El sistema financiero, los seguros, las fiducias, con amplia cuota de los Bancos BBVA y Santander con sus eventuales burbujas en camino y la compra masiva de bonos de deuda pública. Las editoriales. La medicina a través de empresas promotoras de salud, clínicas como la Reina Sofía y la mal llamada prepagada. Sólo falta que acaparen nuestra seguridad alimentaria a través del TLC con la Unión Europea; y quién sabe qué otros mercados avasalla.

La realidad, en cambio de la crisis financiera y de la prestación eficiente, con ganancias de acuerdo con los riesgos y la plusvalía, en su país de origen, nos muestra que es posible que nosotros estemos sosteniendo la estantería de España y bueno también de Estados Unidos que muchos analistas afirman que está quebrado. Ellos viven bien, a costa de los altos precios por los servicios que nos prestan, como siempre, salen del barro a través de nuestra dependencia.

En la actual coyuntura electoral, se hace un llamado a que se revise el Art. 3° del Acto Legislativo 01 de 2009, que afirma: El artículo 109 de la Constitución Política quedará así: "Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público."

En ese marco uno se preguntaría ¿qué tanto poder de decisión tiene el Grupo Prisa y el Grupo Planeta en las campañas que puntean en las encuestas? ¿Cuánto han aportado a sus finanzas? Y si se han captado estos recursos directamente o por interpuesta persona, ¿están incluidos de manera formal en los libros o en la contabilidad de cada campaña? Si es así, ¿cómo se debe pronunciar el Consejo Nacional Electoral o por lo menos quién debe asumir la investigación de estos supuestos hechos contemplando la posibilidad de las sanciones ejemplarizantes que establece la Constitución de 1991 en su mencionada reforma?

No se puede olvidar ni dejar a un lado la paternidad de Estados Unidos sobre Colombia, con el Plan Patriota y el Plan Colombia, sus sietes bases militares en ciernes, la asesorías bélicas, el eventual nocivo TLC, en el negocio de la minería, en los hidrocarburos, en la implementación de un nuevo modelo de justicia, entre muchos otros trascendentales mercados, pero esto daría píe para una próxima columna. Con ellos, anticiparía, como diría su líder fundacional, Abraham Lincoln, al expresar su idea sobre la democracia, nuestro país debería autodeterminar que "del mismo modo que no será un esclavo, tampoco será un amo".

Así mismo, a pesar de que este artículo del Acto Legislativo parecía que se hubiera escrito con nombre propio. El boomerang se está devolviendo, por ejemplo, con la participación con aportes de socio industrial del rey de la campaña negra, J.J. Rendón, en una aspiración presidencial, en virtud de que así no tenga visa ni contrato de trabajo, nadie en este sistema capitalista trabaja gratis y menos un extranjero de los conocimientos y quilates, para bien o para mal, de este personaje, y así éste mismo entregue su estrategias de imagen, marketing y consultoría política en forma voluntaria a uno de los candidatos presidenciales, estos mismos, se pueden tasar como una capacidad instalada o como el equivalente económico al precio de su asesoría, que se encasillaría entonces, en virtud de esta figura atípica, en una forma desviada de financiación electoral y sus brotes de desprestigio e intriga a los demás candidatos, podrían también tipificarse como atentatorios contra la democracia y el orden público. ¿O no?

El Gobierno nacional y el nuevo que se avecina, debería ponerle soberana atención a esta situación en la que, como si la historia fuera un espiral, se repite el ciclo de nuestra historia de nación parásita, es por ello que en este breve artículo uno se pregunta: ¿el bicentenario de la independencia de quién?: debería denominarse, mejor, el bicentenario de la dependencia.

Bogotá, D. C., mayo de 2010.