POR DIEGO LUMACA Y GABRIELA PIÑA
CIUDAD DE GUATEMALA

EL ANTES

El clima pre-electoral estuvo marcado por la represión, la manipulación, la intimidación, la impunidad y el miedo, que persisten a siete años de la firma de la paz que parece nunca llegar a Guatemala.

La candidatura inconstitucional del general Efraín Ríos Montt, presidenciable del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), la manipulación de la Corte de Constitucionalidad (CC), los asesinatos y amenazas de muerte a líderes políticos locales de diferentes partidos, los rumores de que una fuga masiva de presos se llevaría a cabo el día anterior a las elecciones para generar caos, la entrega de alimentos y herramientas en las comunidades para quienes se afiliaran al partido oficialista, el desvío de los recursos estatales a favor de la campaña proselitista del mismo partido, los constantes apagones en distintos sectores del país, la impresión de cédulas de identidad falsas, y la reorganización e indemnización - ilegal e inmoral - a los ex patrulleros de autodefensa civil (grupos paramilitares que actuaron en tiempos del terrorismo de Estado), son factores que se sumaron para generar un marco social y legal propicio a la perpetración de un fraude potencial.

EL DURANTE

El pueblo guatemalteco, para sorpresa de todos, manifestó su deseo de participar masivamente en las elecciones de la primera vuelta presidencial, pero distintos problemas, ajenos a la voluntad popular, no dejarían de sucederse a lo largo de la jornada en todo el país.

Desde las primeras horas de la mañana miles de votantes se dirigieron a los centros de recepción pero la confusión, la desinformación y el caos que produjo la deficiente organización y la mala actualización de datos realizada por el Tribunal Supremo Electoral meses atrás, impidió que la jornada transcurriera en un clima de normalidad.

En algunos centros de votación, hasta cuatro o cinco horas después de iniciado el tiempo reglamentario la gente no había podido ejercer su voto y en otros, las mesas de recepción se quedaron pronto sin papeletas para sufragar. En el departamento de San Marcos, se produjeron graves incidentes de violencia, donde alrededor de 3000 personas, cansadas de las largas esperas, comenzaron a destruir y quemar las urnas. En el departamento de El Quiché, dos mujeres murieron a causa del aplastamiento causado por más de 10 mil personas que comenzaron a empujar debido a las demoras. Muchos son los ejemplos que se podrían mencionar para demostrar que los centros de recepción de votos no estaban preparados para recibir el número de personas empadronas, indicando así una clara falta de voluntad política por parte de las autoridades electorales.

En los hechos, se violó el derecho constitucional al sufragio de miles de ciudadanos, que nunca aparecieron en los padrones, que regresaron a sus casas luego de largas horas de espera, o que perdieron su oportunidad cuando fueron cerradas las mesas, irrespetando la extensión de horario que tardíamente otorgaron las autoridades.

EL DESPUÉS

Los resultados de las elecciones muestran una importante derrota para Efraín Ríos Montt y su partido político y una simbólica victoria del pueblo guatemalteco que logró expresar sus intereses a pesar de la manipulación, extorsión e intimidación de que fue objeto.

Sin embargo, las opciones triunfantes no sellan un futuro alentador para Guatemala. Antes hay que señalar que en Quiché y en Huehuetenango, los dos departamentos más golpeados por la represión institucional y el genocidio, el FRG ganó y obtuvo la mayoría de las alcaldías, lo que confirma que la indemnización a las mencionadas Patrullas de Autodefensa Civil, de importante presencia en la región, fue un mal disfraz para una efectiva compra de votos, y que el miedo fue, en esta región del país, un factor importante.

Pero además, hay que decir que más allá de la contienda electoral, lo que se juega en Guatemala es una batalla entre poderes tradicionales y emergentes por el control del flujo de poder. Los primeros, afines a la oligarquía y sectores agroexportadores; los segundos, vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y a los conceptos contrainsurgentes y autoritarios que aún tienen vigencia en la sociedad guatemalteca. En definitiva, lo que se está por resolver es qué grupos de poder económico, político y militar sentarán señorío en el país y en la administración pública.

Claro que cada uno de estos poderes no han apostado a un solo partido político. Hay agentes suyos en todas o en casi todas las opciones que han sido sometidas a elección popular, ya sea como candidatos, dirigentes partidarios, asesores o financistas.

Por ejemplo, la opción triunfante en esta primera vuelta, con un 38.4% de los votos válidos, la Gran Alianza Nacional (GANA), tiene su fortaleza en la figura de Óscar Berger, que representa al sector económicamente más poderoso del país, y si llegase a la Presidencia de la República, podría concretar el retorno de este grupo al ejercicio del poder público. Pero también concurren en sus filas, representantes del poder militar que tuvieron un triste papel protagónico en el genocidio y las violaciones a los derechos humanos cometidos en los años 70s y 80s.

La opción que obtuvo el segundo lugar con el 27.6% de los votos válidos y que disputará la segunda vuelta, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tiene como figura central a Álvaro Colom y aparece como una fuerza indefinida, que cobró resonancia debido al papel de oposición que ha representado en los últimos años, y no es posible definir cuánto compromiso ha asumido con los poderes tradicionales y emergentes en pugna.

EL AHORA

Pero, independientemente de qué candidato salga victorioso, la correlación de fuerzas ya consolidadas en el Congreso Nacional y en las alcaldías departamentales desecha la posibilidad de pronosticar un futuro esperanzador para Guatemala, que necesita de manera impostergable superar los serios problemas que le dejan como legado el gobierno de Alfonso Portillo y el FRG: impunidad y olvido de los Acuerdos de Paz; sociedad confrontada y polarizada; pobreza; aparato estatal corrompido a gran escala; sistema de administración de justicia desvirtuado y divorciado de sus objetivos; y finanzas públicas tendientes a favorecer a los poderes económicos de turno. La democracia es en consecuencia, en este país centroamericano, una lejana aspiración.