No saben si están vivos o muertos

Según Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, desde el inicio del primer periodo de Uribe hasta mediados del año pasado, se han presentado 1.259 denuncias de desaparición forzada. Sin embargo el investigador y periodista colombiano radicado en Francia, Hernando Calvo Ospina, afirma en su libro, "El terrorismo de Estado en Colombia", que son 10.586 personas desaparecidas entre líderes y dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas.

Otras investigaciones serias demuestran que entre agosto de 2002 y mediados de 2003, recién posesionado Álvaro Uribe, ocurrieron 410 desapariciones, de las cuales 390 fueron cometidas por agentes del Estado y paramilitares, y 13 fueron atribuidas a las guerrillas. Por su parte, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003. Cerca de 68 mil víctimas han denunciado desapariciones y crímenes de lesa humanidad desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, afirma la revista "Criminalidad 50 Años", de la Policía Nacional. Para el coronel César Augusto Pinzón Arana, jefe de la Dijin, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los restos de las víctimas de los paramilitares.

Doble pena

A diferencia de otros crímenes atroces y de lesa humanidad, los familiares de las víctimas de desaparición forzada sufren una doble pena. Por un lado, no les es permitido al tiempo cerrar las heridas abiertas hasta tanto no se sepa algo del ser querido, lo cual puede durar toda la vida en la mayoría de los casos. Por otro lado, para colmo de su tragedia, sufren la invisibilidad del Estado, la indiferencia de la sociedad y de la prensa, quienes no quieren ver ni reconocer este delito que se viene cometiendo durante casi tres décadas transcurridas desde el momento en que el Estado empezó a utilizar esta estrategia en su guerra sucia contra los opositores al régimen.

Solo hasta el año 2000 fue aprobada la Ley de Desaparición Forzada y desde entonces se pudo comenzar a procesar a sujetos responsables de este tipo de crímenes. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero aún así la impunidad alcanza casi a la totalidad de los casos. Al respecto de este ente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirma en su último informe conocido hace pocos días que "ha sido muy incipiente".

La Procuraduría General de la Nación, máximo garante de los derechos humanos en el país, apenas adelanta 16 investigaciones disciplinarias por desapariciones forzadas, en las cuales el mayor número de involucrados son miembros del Ejército.

Más de un desaparecido diario

Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Susan Lee, advirtió que en Colombia casi a diario se presentan casos de desaparición forzada. Lee señaló que "llama mucho la atención que mientras la gran mayoría de los países de Latinoamérica han superado esta triste historia, Colombia sigue siendo el único que año tras año figura dentro de la lista donde la desaparición forzada sigue como una práctica recurrente". En lo que va corrido del año, se han denunciado solo en Bogotá 203 desapariciones, según la propia Fiscalía.

En el informe de marras la Alta Comisionada recordó que el año pasado los paramilitares revelaron la ubicación de 1.009 fosas comunes donde se hallaron los despojos de 1.196 personas secuestradas y asesinadas. Una ínfima parte han podido ser identificadas. La opinión de importantes organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como externas, es que a pesar de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, es muy visible la falta de voluntad política del sistema judicial interno para perseguir la desaparición forzada.

Por las miles de víctimas del terrorismo de Estado ninguna personalidad del país convoca marcha alguna para pedir su liberación. Ni los jerarcas de la Iglesia rezarán por ellos. Ni las Fuerzas Militares 'jaquearán' al Gobierno para liberarlos, y mucho menos los medios de comunicación con sus periodistas estrellas, iniciarán campañas para exigir que los devuelvan pronto sanos y salvos a sus hogares. Sus familiares continuarán la travesía de su trágico destino en solitario con su drama a cuestas, sin llamar la atención de una sociedad insensible e indiferente ante este traumático drama.

Múltiples dudas se ciernen sobre asesinato de Guillermo Rivera

La Fiscalía hasta ahora no ha podido dar explicación respecto de porqué se demoró tres meses para confirmar la identidad del cadáver del dirigente sindical Guillermo Rivera Fúquene, quien fue retenido el 22 de abril y encontrado su cuerpo sin vida dos días después en un despoblado de la ciudad de Ibagué, lo que algunos investigadores sociales consideran que tal tardanza tiene como propósito asegurar la impunidad como ha sido la constante con las violaciones de los derechos humanos y especialmente con la desaparición forzada.

El día de la desaparición fue instaurado el mecanismo de búsqueda urgente que adelantó la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el cual fue ineficaz, por cuanto el día 24 de abril fue encontrado en la capital tolimense el cadáver de Rivera Fúquene, quien fue estrangulado y con evidentes signos de tortura. Lo que deja muchas dudas es el hecho de que la Fiscalía que cuenta con los mecanismos para cotejar cadáveres, sepultó al dirigente sindical asesinado como NN el día 28 de abril.

Guillermo Rivera, de 52 años, desapareció el pasado 22 de abril, luego de que, al parecer, 2 patrullas y 4 motos de la Policía Nacional, lo interceptaran en un parque del barrio El Tunal. Al momento de su asesinato se desempeñaba como jefe de auditores en la Contraloría de Bogotá. Era economista de la Universidad Gran Colombia, y se había desempeñado como asesor de los concejales de la Unión Patriótica , Aída Abella y Mario Upegui.

Su asesinato es una muestra más de la sistemática y generalizada persecución contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, periodistas, entre otros. El Estado se empeña en desconocer dicha situación y continúa con su política de estigmatización y criminalización.

Con el crimen de Rivera, ya son 27 trabajadores sindicalizados asesinados en lo que va corrido del año, según el Centro Internacional para los Derechos Sindicales (ICTUR). La seguridad democrática parece no ser efectiva en relación a la protección de los sindicalistas.