Los decretos legislativos (DL) del gobierno aprista de Alan García, constituyen un nuevo paquete de reformas para garantizar no sólo la implementación del TLC sino fundamentalmente para profundizar el modelo liberal y eliminar la oposición social que "obstaculiza" la libre circulación del capital privado. Los DL marcan un nuevo hito, sólo comparable con las reformas realizadas en el gobierno de Fujimori a inicios de la década de los noventa por recomendación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El propio García, en su artículo "Una apuesta crucial por el siglo XXI", publicado el domingo en el diario El Comercio, señala que gracias a las facultades otorgadas "se ha promovido una gran transformación jurídica en el Estado" y justifica que éstas tienen por finalidad "transformar el Estado", "aumentar el crecimiento y fomentar la inversión", mejorar la "calidad educativa y competitividad técnica", "generar empleo decente y formalizar el trabajo" y "agilizar la acción pública".

Lo controversial de los DL es ver si estas se ajustan a las facultades otorgadas o constituyen un "abuso" de las mismas, ya que algunos no tendrían relación con el TLC suscrito con Estados Unidos. El analista económico Humberto Campodónico ha estimado que al menos 20 de los decretos no se ajustarían a las facultades otorgadas (La República).

La Defensoría del Pueblo y un grupo de parlamentarios han interpuesto dos demandas de inconstitucionalidad contra el DL 1015 referido a la disposición de las tierras comunales por parte de las comunidades campesinas. Organizaciones campesinas e indígenas han anunciado la presentación de demandas de inconstitucionalidad contra al menos cuatro decretos legislativos. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha solicitado al Congreso la derogatoria de dos decretos (DL 1057 y 1086).

Otro aspecto controversial es que la "avalancha" de decretos tiene una cuota de contrabando al trabajo parlamentario, ya que algunos eran Proyectos de Ley que el gobierno había enviado al Congreso y tenían el dictamen de "archivase", mientras que otros habían recibido fuertes críticas y la oposición de grupos parlamentarios, que ahora el propio Parlamento tienen la oportunidad de corregir a través de control político que debe realizar a este tipo de decretos legislativos. Una manera "criolla" de sacarle la vuelta a la democracia, lo que ha despertado sospechas de "lobbies" tras su promulgación, y que según denuncias hechas públicas beneficiarían a empresas de diversos sectores productivos: minería, lácteos, puertos, pesquería y reforestación.

La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado que el DL 1022 beneficiaría a capitales chilenos; el Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado que el DL 1031 en práctica podría constituir el inicio de la privatización de esta empresa de servicios de agua potable de Lima; y la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria.

"DESAPARICIÓN" DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

Un blanco de los decretos legislativos son las comunidades campesinas y nativas, que en el caso de los Andes y la Amazonía han constituido territorios de resistencia al modelo neoliberal por su oposición y/o críticas a los mega proyectos de industrias extractivas, especialmente los mineros. Con estos decretos, según García, la idea es abrir "nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas".

Se ha promulgado al menos cuatro decretos para "desaparecer" las comunidades y entregar las tierras comunales a manos privadas. García sostiene que al facilitar "su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc." se estaría sacando "de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria".

Las organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), han denunciado que el paquete dedicado a quebrar la resistencia de las comunidades incluye cambios legales que afectan sus derechos al territorio, al agua, a la autonomía, a la consulta, al consentimiento, al desarrollo, entre otros, que responden a las obsesiones del presidente García por eliminar la propiedad colectiva y favorecer el acceso a empresas interesadas en desarrollar proyectos mineros, forestales, biocombustibles, etc.

En el caso de la minería, la denuncia de las organizaciones tendría argumento. Efectivamente, los decretos (DL 1015, 1073 y 1064) responderían a una clara intención de favorecer el desarrollo de proyectos mineros en territorio de comunidades campesinas, al reducir el voto de 2/3 a 50% de los comuneros para decidir el destino de las tierras y al eliminar el "acuerdo previo" para el acceso a tierras comunales para actividades de exploración y explotación minera.

Actualmente, diversos proyectos mineros (Río Blanco, Quellaveco, Tambogrande, Michiquillay, La Zanja, San Gregorio, entre otros) se encuentran paralizados por conflictos con las comunidades al no lograr la "licencia social". El propio gobierno intento, el año 2007, que al menos 20 proyectos mineros fueran declarados de interés nacional al enviar el Proyecto de Ley 1640 al Congreso, el que dictaminara su archivo.

PARTIDOS DEMANDAN REVISAR DECRETOS LEGISLATIVOS

Los partidos políticos Perú Posible (PP) del ex presidente Alejandro Toledo, el Partido Nacionalista (PNP) de Ollanta Húmala y hasta el derechista Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores, han demandado la revisión de los decretos legislativos.

El PP ha planteado que sea en el foro del Acuerdo Nacional, donde participan diversos partidos políticos, quién revise los 102 decretos legislativos; mientras que Lourdes Flores ha señalado que su partido revisará los decretos para ver si éstas se encuentran en el marco de las facultades otorgadas y, semanas atrás, había adelantado que se debe revisar el DL 1015 que afecta los derechos territoriales de las comunidades campesinas.

Por su parte el PNP, en comunicado público, ha calificado de "irresponsable delegación de facultades" otorgadas por el Congreso y exige al gobierno "detallar en cada una de sus propuestas legislativas, el vínculo y la necesidad de la norma para la implementación del TLC" y "publicar los estudios jurídicos y consultoras que participaron en la elaboración de las normas, a fin de definir su posible vinculo con las empresas que se beneficiarán de las mismas".

Finalmente, el actual presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada del partido de gobierno, en respuesta al planteamiento del PP ha informado que el Parlamento tiene las facultades para revisar los decretos legislativos, evaluar su inconstitucionalidad y eventualmente derogarlos.

ALAI