BOLIVIA: DEMOCRACIA CONTRA OLIGARQUÍA
El presidente de Bolivia, Evo Morales,
ha aceptado el desafío de la oposición de ese país
y anunció que someterá su mandato a un referendo revocatorio
que, al menos en principio, se presentaba como un instrumento más
de la oligarquía para coartar el proyecto del mandatario.
Con ello, Morales ha decidido poner en manos de su pueblo el destino
de una nación históricamente dominada por una minoría,
que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de
poder político y económico, pero que ha visto amenazados
y reducidos sus privilegios con la llegada al poder de un presidente
indígena, cuya bandera ha sido, precisamente, la transformación
social del país andino.
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción
o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la
oposición: el propio Morales la había presentado en enero
como una posible salida para destrabar la aguda crisis política
que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno
a las autonomías departamentales, una demanda añeja que,
al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores,
principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra -el más
rico del país-, ha degenerado en un proyecto secesionista que
pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a
las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de
desintegración nacional.
Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta -antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional- sobre el "estatuto autonómico" de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión
popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo
en un contexto internacional en el que las clases políticas de
otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad
para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en
general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos.
La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca
actitud democrática y una disposición a hacer escuchar
todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por
otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe
recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación
de una población indígena -mayoritaria en esa nación-
durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de
riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el
Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las
simpatías de "gobiernos afines" en el panorama internacional,
Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más
que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005,
y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones
sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer
alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y
evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas,
habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado
en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas,
y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo
es el que manda.
Editorial de La Jornada de México.