Los motivos para ésas y otras acciones están a la vista: la actitud firme de Correa en la defensa de la soberanía de su país, tras la incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, hace mes y medio, en la que murieron más de 20 personas, entre ellas uno de los más importantes líderes de la organización insurgente y cuatro jóvenes mexicanos. Por añadidura, el presidente ecuatoriano se ha puesto en la mira de la Casa Blanca y de su aliado regional, Álvaro Uribe, al cerrar filas con Hugo Chávez -quien gobierna otra de las naciones que pueden sentirse amenazadas por el descontrolado belicismo de Uribe- y promover la fundación de una organización hemisférica que agrupe a las naciones de América Latina y de la que quede excluido Washington, es decir, una organización de estados latinoamericanos.

El propio Chávez es, desde hace mucho tiempo, víctima de una intensa campaña propagandística estadunidense, que la semana pasada alcanzó una nueva cota: el encargado en la administración Bush de coordinar la estrategia "antidrogas", John Walters, afirmó que Caracas "contribuye con el tráfico de estupefacientes realizado por las FARC". Washington pretende ahora pasar por alto que sus servicios de inteligencia tienen catalogado a Uribe como político vinculado con el tráfico de drogas -dato que refuerzan diversas investigaciones periodísticas colombianas, particularmente la que señala la relación de amistad que existía entre la familia del actual presidente colombiano y el fallecido capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar-, y se lanza a formular acusaciones carentes de todo fundamento contra el presidente venezolano. Tras pedir a sus aliados europeos que "presionen" a Chávez, Walters basó su acusación en algo tan incierto como que "algunas informaciones recientes de los servicios de inteligencia sugieren que las FARC han estado recibiendo dinero de fuentes externas para atenuar sus problemas financieros".

Tras el ciclo desastroso de regímenes neoliberales -en el que, por desgracia, sigue estancado nuestro país- han surgido en América Latina gobiernos democráticamente electos, con visiones y propuestas alternativas, menos centradas en la defensa de los intereses financieros internacionales y más atentas a las necesidades de las respectivas poblaciones. Dos de ellos, el de Venezuela y el de Ecuador, parecen haber sido escogidos por Estados Unidos y sus aliados locales para emprender sendas campañas desestabilizadoras que podrían pasar incluso -así lo sugiere el desatino belicista de Uribe- por la gestación de un conflicto armado regional que sirva a Washington de pretexto para intervenir de manera directa en la zona andina. Cabe esperar que la diplomacia regional siga siendo capaz de frustrar este último designio disparatado del gobierno de Bush, y que se pueda preservar la paz en las fronteras entre Colombia y sus vecinos.

Nueva maniobra colombiana dictada desde Washington

Ecuador, bajo acoso

Editorial de La Jornada

Las más recientes acusaciones de la presidencia colombiana contra el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, de que éste habría "desautorizado" operaciones de las fuerzas armadas de su país contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vuelven a tensar las relaciones entre ambos países sudamericanos y el panorama diplomático regional.

Por añadidura refuerzan la idea de que el gobierno progresista de Quito es víctima de una campaña de desestabilización en la que Álvaro Uribe es, hoy por hoy, el operador más visible, pero cuyas directivas proceden de Washington.

Los señalamientos de la Casa de Nariño apuntarían en esa lógica a explotar un punto débil en el esquema gubernamental ecuatoriano: la crisis de confianza recientemente desatada entre la presidencia de Correa y altos mandos del Ministerio de Defensa que fueron removidos cuando se descubrió que estaban infiltrados por el espionaje estadunidense. Ahora es claro que el gobierno del país vecino busca exacerbar las diferencias entre la autoridad civil de Ecuador y las fuerzas armadas, con el propósito de desestabilizar y debilitar esa nación, acaso como preparativo para nuevas provocaciones militares.

Los motivos para ésas y otras acciones están a la vista: la actitud firme de Correa en la defensa de la soberanía de su país, tras la incursión militar colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, hace mes y medio, en la que murieron más de 20 personas, entre ellas uno de los más importantes líderes de la organización insurgente y cuatro jóvenes mexicanos. Por añadidura, el presidente ecuatoriano se ha puesto en la mira de la Casa Blanca y de su aliado regional, Álvaro Uribe, al cerrar filas con Hugo Chávez -quien gobierna otra de las naciones que pueden sentirse amenazadas por el descontrolado belicismo de Uribe- y promover la fundación de una organización hemisférica que agrupe a las naciones de América Latina y de la que quede excluido Washington, es decir, una organización de estados latinoamericanos.

El propio Chávez es, desde hace mucho tiempo, víctima de una intensa campaña propagandística estadunidense, que la semana pasada alcanzó una nueva cota: el encargado en la administración Bush de coordinar la estrategia "antidrogas", John Walters, afirmó que Caracas "contribuye con el tráfico de estupefacientes realizado por las FARC". Washington pretende ahora pasar por alto que sus servicios de inteligencia tienen catalogado a Uribe como político vinculado con el tráfico de drogas -dato que refuerzan diversas investigaciones periodísticas colombianas, particularmente la que señala la relación de amistad que existía entre la familia del actual presidente colombiano y el fallecido capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar-, y se lanza a formular acusaciones carentes de todo fundamento contra el presidente venezolano. Tras pedir a sus aliados europeos que "presionen" a Chávez, Walters basó su acusación en algo tan incierto como que "algunas informaciones recientes de los servicios de inteligencia sugieren que las FARC han estado recibiendo dinero de fuentes externas para atenuar sus problemas financieros".

Tras el ciclo desastroso de regímenes neoliberales -en el que, por desgracia, sigue estancado nuestro país- han surgido en América Latina gobiernos democráticamente electos, con visiones y propuestas alternativas, menos centradas en la defensa de los intereses financieros internacionales y más atentas a las necesidades de las respectivas poblaciones. Dos de ellos, el de Venezuela y el de Ecuador, parecen haber sido escogidos por Estados Unidos y sus aliados locales para emprender sendas campañas desestabilizadoras que podrían pasar incluso -así lo sugiere el desatino belicista de Uribe- por la gestación de un conflicto armado regional que sirva a Washington de pretexto para intervenir de manera directa en la zona andina. Cabe esperar que la diplomacia regional siga siendo capaz de frustrar este último designio disparatado del gobierno de Bush, y que se pueda preservar la paz en las fronteras entre Colombia y sus vecinos.

La Jornada de México.