Dentro de esta nueva institucionalidad de los países de Latinoamérica y en respuesta de las demandas de los pueblos indígenas, el Estado ha generado un modelo jurídico-político para reconocer a estas comunidades que se basa en tres elementos sustanciales: a) reconocimiento a sus propias formas de gobierno; b) derecho al territorio; y c) sistema de justicia propio.
Si bien estos tres pilares están incluidos en las Constituciones Políticas latinoamericanas, la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas tiende a restringirse por parte de los propios Estados bajos legislaciones con claros tintes neoliberales que propenden por un nuevo modelo de subordinación, que se pone en evidencia en aquellos territorios con presencia de culturas aborígenes que se tornan estratégicos por la disposición de recursos forestales, energéticos, mineros, o por su situación geoestratégica.

PROCESO DE AUTONOMÍA POLÍTICA
Una vez reconocidos sus derechos constitucionalmente, la lucha de los pueblos aborígenes no ha parado ahí. Ahora el proceso político que vienen dando en diferentes países de la región radica en que esos derechos no se queden en el papel sino que se traduzcan en hechos reales y resultados efectivos.
Tras quinientos años de opresión, marginamiento y humillación los pueblos indígenas están levantando su voz y en países como Bolivia, Ecuador, México y Guatemala sus organizaciones políticas se han constituido en factores determinantes en el devenir institucional de esas naciones.

Cada día con mayor ímpetu los indígenas adquieren papel preponderante en el reclamo tanto de sus derechos como en el rechazo del modelo neoliberal que está en abierta contradicción con sus intereses y con su cultura nacionalista.
En Suramérica, concretamente, las organizaciones indígenas de Ecuador y Bolivia vienen dando ejemplo de lucha por impedir la profundización del modelo neoliberal.
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) fue factor determinante para llevar al poder al coronel Lucio Gutiérrez. Sin embargo, este militar retirado una vez en la presidencia se entregó al Fondo Monetario Internacional, a la banca multilateral y a Washington, traicionando de manera abierta y aleve a los sectores sociales e indígenas que lo apoyaron en su carrera electoral.

Igualmente en Bolivia, los sectores indígenas con liderazgos fuertes como el de Evo Morales vienen jugando papel protagónico en su enfrentamiento con el gobierno neoliberal y pro gringo de Gonzalo Sánchez de Losada.

LA LUCHA INDÍGENA EN RETROSPECTIVA
Los dos últimos años en Bolivia han constituido un "campanazo" o un llamado de los indígenas para una declaración pública de una "guerra civil". Sin embargo el gobierno de Sánchez de Losada subestimó las manifestaciones de protesta de estos pueblos contra su política de sacar el gas boliviano a través de Chile para beneficio de las multinacionales gringas y ahora enfrenta una crisis política y social de grandes proporciones.
Las comunidades de Achakachi, Huarina, Warisata y poblaciones del altiplano norte y los valles de Sorata han sido los actores de las impresionantes movilizaciones realizados en la región durante el año 2000- 2001, junto con los indígenas de la región del Chapare, Cochabamba. Estos constituyen los primeros levantamientos indígenas del siglo XXI en Bolivia que se han convertido en uno de los detonantes para el cuestionamiento del modelo neoliberal.
En los bloqueos del camino en el altiplano norte de La Paz en el año 2000 se había pronunciado, sobre la base de un profuso sentido de identidad indígena, aunque de forma tímida, una "guerra civil" como parte de una demostración de fuerza y "autonomía" de las comunidades indígenas aymaras y qhiswas de la región frente a las fuerzas del Estado.
Se han tejido y reforzado ideas, decisiones, actos y sentimientos compartidos como parte de los sentidos de pertenencia identitaria indígena contrapuestas al de las identidades criollas-mestizas predominante en los espacios del poder político y económico en Bolivia.

ALGUNOS INTERROGANTES
¿Cómo se podría entender, sin embargo, con cierta precisión los hechos recientemente ocurridos en Warisata y Sorata? ¿Cómo se explica la declaración de "guerra civil" indígena en términos históricos?. ¿Qué significa la declaración de "guerra civil" dentro del campo simbólico y político? Una primera y necesaria aproximación para entender el mismo es la historia.
La historia de los levantamientos indígenas en la colonia y la república y las condiciones actuales de beligerancia estatal y social provocado por el modelo de libre mercado se constituyen en algunos de los referentes para entender los hechos ocurridos en Warisata y Sorata en septiembre de este año.
Los indígenas tienen una larga historia de declaraciones de guerra tanto en la Colonia como en la República. No es novedad, en este sentido, la "guerra civil" declarada en Warisata. Es el caso de Tupaj Katari y Zarate Willka.

Los Katari de La Paz y Chayanta en 1780-81 habían declarado una guerra indígena y de guerrillas a los españoles. Pablo Zarate Willka y los Willkas en la República (1899) también declararon una guerra al Estado republicano. Los pronunciamientos o proclamas de Q'araqullo (Caracollo) y Peñas por Zarate Willka y Juan Lero son parte de este hecho. Era un levantamiento indígena gigantesco en toda la región central y sur del altiplano y los valles de Bolivia. En cada uno de ellos se han construido, además, "cuarteles indígenas" y "gobiernos locales- regionales" y símbolos del poder indígena.
El Estado, en estas relaciones, es portador de una larga historia de masacres indígenas que ha ahogado en sangre toda pretensión aborigen de autogobierno o de simples demandas locales de mayor justicia. En cierto modo la historia del Estado en Bolivia es la historia de las masacres indígenas. Hay, entonces, una construcción de dos lógicas contrapuestas irreconciliables que en tiempo en tiempo se recrudecen, aunque en determinadas etapas históricas se convierten en endebles pactos entre ayllus-Estado, que al menor quiebre histórico explota. Este es una línea roja que atraviesa la historia política y social de Bolivia constituida como "fronteras étnicas" entre indios y los grupos de poder blanco-mestizo dominantes en Bolivia.

En la ultima parte de esta historia de las relaciones Estado- indígenas en cuanto referentes del conflicto y pacto desigual, es importante manifestar que los indígenas de Sorata, Ilabaya, Achakachi, Warisata son actores históricos de la guerra del Chaco con Paraguay entre 1932-35.
Los indígenas aymaras y qhiswas al participar en esta guerra internacional se convierten en referentes directos de la memoria histórica, producto del cual exigen al Estado el derecho de ciudadanía negado, sin embargo, sistemáticamente.
Además, se guardan memorias de lucha y las mismas armas de fuego. Estas se manifiestan en sentimiento de orgullo social por ser parte de la defensa del petróleo y del territorio del Chaco. En ese sentido hay un sentimiento de legitimidad histórica para convertirse en parte de los destinos de este país. Los abuelos a través de la memoria oral han trasmitido a sus hijos y nietos su participación en esta guerra que hoy de algún modo se manifiesta como rebeldía india.

AUTOGOBIERNO INDÍGENA
Los antecedentes inmediatos a los hechos de Warisata son las multitudinarias movilizaciones sociales en rechazo a la venta del gas a Estados Unidos y México por puertos chilenos. En la región norte de La Paz y en algunos de los valles adyacentes hay un sentimiento de "autonomía" o de "autogobierno indígena". Se puede notar o constatar una fuerza interna en las comunidades porque se mantienen los rituales sagrados al nevado Illampu, apu el mayor de la región junto a Jipi o Paxchiri.
Las autoridades comunales, los secretarios generales o generalas en aymara, son los referentes directos del poder y administración territorial y jurídica de las comunidades. Prevalecen decisiones ampliamente consensuadas al interior de las mismas como parte de la legitimidad de los actos de sus autoridades locales y regionales. Hay una administración de justicia indígena al interior de las comunidades. Igualmente se puede notar una identidad aymara y qhiswa muy fuerte relacionados con el territorio histórico y mítico del lago Titikaka y su entorno. En resumen, hay un tramado de sentidos de pertenencia colectiva e identitaria sobre un extenso territorio, sobre su historia y la memoria de las luchas indígenas.
¿Acaso se está expresando detrás de esta declaración una revolución indígena? ¿O es un uso estratégico de los símbolos del poder político e indígena para crear un ambiente propicio y lograr así el respeto por parte del Estado? Lo inmediatamente constatable sin embargo, es la exposición de las armas, wiphalas y pasamontañas en posición de afronte como señal de protagonizar una guerra.
La connotación o la subjetividad de lo que esto significa habría que buscarse en el efecto que pueda tener en otras regiones indígenas y la actuación sistemática de las comunidades en esa línea. Lo que sí es palpable a partir de ello es la expresión de un mal estar general frente a una situación histórica de discriminación y dominación étnica en Bolivia.
En este país el 81,2% de la población es indígena y ella es la más golpeada por la pobreza. Los aymaras del altiplano y valle del norte de La Paz son parte de esta realidad socioeconómica. La demostración de una "fuerza armada", entonces, es un referente de un malestar social producida en cierto modo por el modelo de libre mercado y por la dominación étnica en Bolivia.
En las ciudades y en ciertas partes del área rural se pueden observar grados de discriminación económica, social y política de los indígenas. Hay un problema estructural irresuelta en la relación Estado y los indígenas bolivianos.
En la declaración de "guerra civil" se conjugan entonces dos hechos importantes: por una parte hay una demostración de fuerza indígena, aunque su efectividad en términos militares tendría poca capacidad, si no es por el número de sus miembros.
Por otro lado, es una demostración estratégica y simbólica del poder y capacidad de interpelación directa al Estado, pues se envía un mensaje político específico de que si no se respeta el derecho a la vida de los indígenas se podrían en el tiempo multiplicarse demostraciones de este tipo para crear un ambiente general de guerra civil.
Si el gobierno de Sánchez de Losada persiste en la torpe idea llevar a la justicia a los levantados de Warisata, lo que podría provocar es una mayor reacción de parte de las comunidades que generaría un conflicto armado sin precedentes.
El mensaje que envían las comunidades indígenas al declarar desde la ciudad de El Alto un "estado de sitio" es que tiene una gran capacidad política y de convocatoria.

NUEVAS CONDICIONES POLÍTICAS
La declaración de "guerra civil" y el "estado de sitio" en los territorios indígenas de La Paz son dos hechos de importancia simbólica y política para entender las condiciones estructurales de la dominación étnica en Bolivia y en el último tiempo del impacto socioeconómico negativo del modelo de libre mercado en las comunidades y los centros urbanos predominantemente habitados por poblaciones indígenas. Estas condiciones estructurales están creando sentimientos y posicionamientos de autoidentificación indígena bastante fuerte en Bolivia.

Según su análisis, la riqueza de la diversidad cultural ecuatoriana ha venido en un franco deterioro en gran parte por causa de la presión social de aculturación por eso la dirigencia indígena al crear la CONAIE ha venido trabajando por la sobrevivencia de sus culturas e idiomas.
En 1989 firmó un acuerdo con el Ministro de Educación, estableciendo un programa nacional de educación bilingüe intercultural, programa diseñado y manejado directamente por las comunidades indígenas.
Por medio de la educación bilingüe intercultural, las nuevas generaciones aprenden a ser orgullosas de sus identidades, y utilizar sus propias idiomas, sostienen los dirigentes de esta organización.
En el ámbito político, así mismo, ha logrado consolidar un partido denominado Pachakutik que tiene representación en el Congreso Nacional.
Según la CONAIE, los pueblos indígenas ecuatorianos se encuentran en grave riesgo por cuanto que en la Costa, Sierra y Amazonía se desarrollan actividades mineral, madereras, cuyas empresas nacionales y extranjeras buscan sólo el beneficio económico y aplican tecnologías tipo chatarra que están contaminando y destruyendo cientos de formas de vida únicas en el planeta.
La explotación petrolera ya causó la extinción de las nacionalidades Tetete y Zaparo, manteniéndose el peligro para los demás pueblos indígenas.

Por ello la dirigencia indígena ha realizado propuestas alternativas de desarrollo que combinan la sabiduría milenaria y los conocimientos occidentales para lograr la armonía en la sociedad ecuatoriana.
En la actualidad la CONAIE y su brazo político vienen trabajando por construir un verdadero proyecto político de oposición al esquema neoliberal del gobierno de Lucio Gutiérrez que, como quedó anotado, traicionó a los indígenas que cifraron su esperanza en él para impulsar un modelo de Estado nacionalista.
Gutiérrez terminó aliándose con la recalcitrante ultra derecha ecuatoriana, pero enfrenta la presión y el poder que ejercen los indígenas que pueden dar al traste con su gobierno si se ahonda la crisis económica y social en el ecuador en los meses venideros.

EL CONFLICTO MAPUCHE EN CHILE
Mientras en el resto de los países suramericanos se ha logrado el reconocimiento político y jurídico de las comunidades indígenas, en Chile y Uruguay las cosas son a otro precio.
En efecto, el Estado chileno persiste en negar el carácter de pueblo indígena autónomo a los mapuche con lo cual se ha generado una grave confrontación con visos de represión y violación de derechos humanos.
El "conflicto mapuche" como se denomina en las esferas oficiales de Chile no es más para algunos analistas que el conflicto de los empresarios y del Estado para negarle a esta etnia su identidad de pueblo, sus derechos ancestrales al territorio, sus garantías y sus derechos políticos.
Esta pugna se ha acentuado en los últimos años debido al empecinamiento del Estado por expandir el modelo aperturista de mercado hacia el territorio indígena, lo que se ha manifestado en forma por demás violenta en el caso de la jurisdicción mapuche en el que las empresas forestales ocupan 1.5 millones de héctareas al sur del Bío Bío, en su mayoría con plantaciones de bosque exótico, sin consultar a las comunidades y en la mayoría de los casos contra su voluntad, como en el caso de la central Hidroeléctrica Ralco, que tuvo la oposición unánime de los residentes en el área de inundación.
Los indígenas mapuche frente a estos atropellos han venido realizando movilizaciones de tiempo atrás para exigir que se les respeten sus derechos que hoy son ampliamente reconocidos en el ámbito internacional, como la posibilidad de decidir sus prioridades en materia de desarrollo, a ser consultados antes de iniciar proyectos de infraestructura, a participar de los beneficios de esas actividades, a ser compensados por los daños ecológicos y a no ser trasladados de sus tierras, entre otros.
Estos derechos son reconocidos en la actualidad por 17 Estados de Latinoamérica con sólo dos excepciones: Chile y Uruguay, como ya se anotó anteriormente.
Esta circunstancia impide también que los indígenas en Chile no puedan tener representación política ni en el gobierno ni en el Congreso y, en consecuencia, no tienen voceros que aboguen por reformas políticas y sociales que les sean favorables.
La única alternativa que les queda a los mapuche es la desobediencia civil y el desconocimiento institucional, a lo cual el Estado responde con medidas militares y criminalizando su protesta a través de una draconiana Ley Antiterrorista.
En este caso se puede afirmar que en Chile el Estado está violando flagrantemente los derechos humanos al generar, mediante represión, un clima de violencia al no abocar la situación social y política de los mapuche, pues se niega a integrar a esta comunidad indígena a la sociedad y al Estado, cuando la tendencia contemporánea es reconocer la pluralidad multiétnica de los pueblos.
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