El ex presidente César Gaviria ha traído a cuento mi viejo dicho, mi vieja divisa de liberal, según la cual mi Partido ha sido en la historia de Colombia el partido de las minorías. El doctor Carlos Lleras Restrepo decía que era una coalición de matices de izquierda, y yo complementaba ese pensamiento diciendo que es una coalición de minorías protegidas por un partido político.
No se necesita ser protestante para reivindicar los derechos de los protestantes a nombre de la igualdad de los principios que constituyen el credo del Partido Liberal; y no se necesita ser comunista, como no lo necesitamos en su tiempo, para reivindicar el derecho del Partido Comunista a participar en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales no sólo en el cuerpo legislativo sino en el ejecutivo y en el judicial. Así pues, a nombre de ese Partido cuya bandera y cuyos principios residen en proteger las minorías, yo creo que es una cuestión de partido secundar este proyecto de ley que después de tantos años vuelve a establecer fronteras entre los dos partidos, porque para que ocultar la realidad: hay una posición conservadora y una posición liberal con respecto a este tema.
Se renueva después de muchos años esa frontera no solo aquí en Colombia sino en el mundo entero. Yo quiero referirme, precisamente, al agua que ha pasado bajo los puentes desde que la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley presentado por la senadora Piedad Córdoba. En ese entonces parecía que el proyecto iba a pasar sin tropiezos y sin oposición de ninguna clase, aprobado prácticamente por la unanimidad de la comisión y sin que se vinculara el reconocimiento de los derechos de los homosexuales a la figura del matrimonio.
En ninguna parte, hasta donde van mis recuerdos, se menciona la palabra matrimonio entre homosexuales que es uno de los argumentos en que se basan quienes se oponen a esta institución. Lo más cerca del matrimonio que existe en el proyecto de ley es la palabra patrimonio porque el contenido del mismo es, principalmente, de carácter económico. Es el reconocimiento de que la igualdad que se manifiesta primordialmente en la esfera de lo económico debe tenerse en cuenta sin discriminaciones de ninguna clase en materia de seguridad social, en materia de igualdad económica, independientemente de las tendencias sexuales de unos y otros.
De esta suerte yo me imaginaba, cuando la senadora Piedad Córdoba me sugirió la idea de venir a exponer mis puntos de vista, de que lo que se iba a tratar era de la ponencia de una autoridad en materias jurídicas y filosóficas como es el senador Carlos Gaviria. Ponencia que contribuye a arrojar más luz sobre el alcance de este proyecto de ley, o de esta futura ley, para hablar más claramente.

Apuntes de la ponencia, como por ejemplo, el de que no ve el ponente razón alguna para que la unión de homosexuales produzca un fenómeno de nacionalización de uno de los participantes porque la Constitución colombiana no reconoce el acceso a la nacionalidad en razón del origen de los mismos en una sociedad, está lleno de razón. Pienso en cambio que, en lugar de otorgarle la nacionalidad a quien se ha acogido a la fórmula contemplada en el proyecto de ley para conformar una sociedad, si no se le puede otorgar por principio constitucional dicho beneficio, sí podría contemplarse la posibilidad del derecho a la visa colombiana para el participante en uno de estos convenios que hemos dado en llamar unión de homosexuales, que no es propiamente matrimonio, porque es necesario distinguir entre el matrimonio con sus ceremonias y sus ritos y este tipo de unión que según este proyecto de ley solo cuenta con la intervención del Estado cuando se registra ante notario la existencia de las condiciones que configuran esa sociedad de hecho. Mucho más semejante a la sociedad de hecho que se constituye entre compañeros permanentes que con relación al matrimonio.

No se puede pretender que el proyecto aspire a consagrar una ceremonia o una institución idéntica al matrimonio para la convivencia de personas del mismo sexo. A lo que se puede comparar es a la situación de los compañeros permanentes que tienen derecho a participar en los bienes que se han constituido durante la existencia de la sociedad al acogerse a las prerrogativas de carácter social en materia de seguridad; a poder instruir, cuando el paciente ha perdido su autonomía, a la ciencia médica acerca de las decisiones que hay que tomar sobre la vida o la muerte en tratamiento de uno u otro.
Pero lo singular que ha ocurrido desde el momento en que se aprobó en la Comisión Primera del Senado este proyecto de ley es el de que lo que parecía un problema eminentemente colombiano y local, se ha convertido en el tema por excelencia de la definición de la derecha y la izquierda en mundo entero. Particularmente quiero llamar la atención del auditorio acerca de los países en que la costumbre es la fuente de la ley y no existe el derecho escrito, caso por ejemplo de Inglaterra en donde no existe Constitución escrita sino una tradición jurispruedencial que introduce las reformas a lo legal y constitucional de acuerdo con los desarrollos que va teniendo la sociedad.
Hasta el momento en que se aprobó el proyecto de ley en primer debate no había llegado a los países anglosajones la tentativa de establecer la unión libre en las condiciones descritas en la iniciativa que nos ocupa. Se presentó ante la justicia un primer caso en Inglaterra, en donde surgió el argumento de que la última jurisprudencia al respecto de 1866 señalaba que la institución que se originaba al constituirse una sociedad entre dos personas si eran de diferente sexo debía ser reconocida por la ley, pero mencionaba hombre y mujer. Fue necesario entonces aproximarse al tema aboliendo la jurisprudencia tradicional que acogía la teoría de la heterosexualidad y sustituirla por la unión de dos personas que hubieran convivido por más de dos años y que tuvieran vínculos preexistentes.

Se modificó la jurisprudencia inglesa y comenzó a surgir enseguida en el Canadá y en los Estados Unidos el mismo tema. Muy recientemente, en el Canadá, el tribunal de la provincia de Ontario introdujo la misma reforma que ya había sido acogida en otros países de derecho consuetudinario. Poco a poco se va extendiendo en el territorio de ese país y posiblemente alcanzará a los Estados Unidos la sustitución de la jurisprudencia tradicional por esta nueva jurisprudencia que permite el reconocimiento de una sociedad de hecho entre dos personas del mismo sexo.

Ya en los Estados Unidos en el Estado de Vermont se admitió la posibilidad y, al mismo tiempo, en sentencia de la Corte Suprema del Estado de Massachusetts se acogió, así mismo, la sociedad de hecho entre dos personas del mismo sexo, lo que podríamos calificar de una unión libre. Paulatinamente se ha ido extendiendo a otros Estados, y ya podemos señalar como un hito en el desarrollo de estas ideas, el hecho de que en los países en donde impera el command law, no el derecho escrito, el estatuto de la familia ya se está decidiendo por la vía de la jurisprudencia la legitimidad de esta nueva institución.
Naturalmente quienes se oponen o disienten de esta sentencia señalan el hecho de que no puede ser de la decisión de los jueces la que establezca la unión libre, sino que debe ser el típico tema que se decida en elecciones populares por medio del voto. En otros términos, no es la justicia en la decisión de doce jueces sino en una consulta, en nuestro lenguaje contemporáneo llamaríamos referendo, como podría cambiarse la jurisprudencia tradicional.
En todo caso, estamos viviendo una nueva era y no podemos ignorar, así la costumbre no sea la fuente de nuestro derecho, hechos de tanta significación como el que hace apenas seis meses el Parlamento Europeo que legisla para los países de la Unión Europea, haya acogido esta institución. Lenta pero seguramente se va imponiendo y yo no invoco el argumento de autoridad pero considero que tarde o temprano nuestros países, ya está ocurriendo en la Argentina, seguirán en esta huella de acogerse a la nueva mentalidad con respecto a las uniones de hecho como ha ocurrido con el propio matrimonio y la legitimación de la convivencia de personas de distinto sexo que acaban constituyéndose en socios de hecho, copartícipes en los beneficios o en las lesiones que pueda sufrir el patrimonio en común.
De esta manera, me limito a señalar de qué manera va evolucionando a una velocidad inesperada la importancia y el desarrollo de una institución, que estoy seguro que, tarde o temprano, con el consentimiento de las mayorías nacionales, se va a imponer en nuestra patria.