Visto con la mentalidad de hoy parece excesivo e irregular, en tiempos en donde el derecho de la victoria en la guerra daba para someter a esclavitud al vencido, muestra como un adelanto humanitario lo que se hizo, junto con la temprana abolición de la esclavitud del aborigen.
Cuando entre los mismos indígenas estos eran sometidos a la servidumbre vencidos en combate, hasta el punto que los Incas imponían su idioma entre los pueblos sometidos y si después de un tiempo no lo aprendían el castigo era atroz.

Se reunía a la tribu para que observaran al infractor, al que, amarrado, se le ponía en el suelo boca abajo, al tiempo que desde calculada altura le lanzaban una pesada piedra que destruía su columna vertebral, para morir lentamente.

Por iniciativa del ministro Andrés Felipe Arias vuelve la encomienda envuelta en un gran escándalo y sin la humanitaria legislación hispánica. Se entrega un territorio casi del tamaño de El Salvador a unos latifundistas que hacen el negocio del siglo.

Para el aborigen la tierra cultivada por ciclos nómadas tenía otro valor. Dentro del concepto de propiedad privada al estilo occidental, cuando se ejercía el derecho de la espada y dominio, era plausible la aparición del encomendero, es lo que se entiende como derecho de guerra.

En la Colombia del siglo XXI resulta extravagante el renacimiento de la encomienda por decisión ministerial, por lo que nadie sabe a ciencia cierta qué asidero legal pueda tener tan audaz iniciativa.

Un terreno de 17.000 hectáreas se les entrega a cuatro familias, incluida la del presidente de Fedepalma, lo que constituye por su extensión y dominios una gigantesca encomienda.

Así se les anula a las cientos de familias víctimas de la violencia la explotación de esos mismos terrenos, puesto que el ministro Arias sostiene que es más rentable crear un eje agroindustrial.

Yo me pregunto si volver a la encomienda se concilia con un criterio democrático, de justicia y de Estado de Derecho en el siglo XXI.
El Nuevo Siglo, Bogotá, 12 de febrero de 2008