La Ley agrícola estadounidense (Farm Security and Rural Investment Act of 2002), consistente en pagos anti-cíclicos, préstamos de mercado y pagos directos, trae efectos negativos para los agricultores del resto del mundo, por varias razones: 1) los pagos anti-cíclicos están ligados al nivel de precios y al volumen de producción, es decir, entre menores sean los precios y más alta la producción, mayores serán los pagos que reciben los agricultores, actuando como distorsionantes del mercado al restringir la posibilidad de modificar áreas cultivadas; aunque los precios internacionales de un producto sean bajos o los rendimientos presenten disminuciones, los agricultores no modificarán sus áreas o unidades producidas, pues sus pagos se verían afectados. 2) Estimulan la superproducción al permitir que los agricultores continúen produciendo aunque sus costos de producción sean mayores a los precios internacionales de esos bienes, presionando así una caída de los precios de los productos. 3) Aumentan la concentración y la especialización en los que se conocen como los "ocho mayores cultivos". Estos representan el 74% de los cultivos totales estadounidenses y reciben entre el 70 y el 80% de los pagos totales del gobierno.

Los subsidios a los agricultores estadounidenses permiten que sus cosechas puedan ser vendidas por debajo de los costos de producción, en una práctica ilegal en el comercio mundial conocida como dumping. Bajo esta figura, Estados Unidos exporta maíz a un precio menor en 30% a los costos de producción, trigo en 40% y algodón en 57%, solo por mencionar algunos casos. Las naciones receptoras de las exportaciones subsidiadas sufren graves daños como resultado de la pérdida de su propio mercado interno y por la inviabilidad de exportar hacia los mercados internacionales donde "competir se vuelve una utopía".

COLOMBIA ENTREGÓ EL AGRO EN EL TLC

A pesar de este desequilibrado panorama, el gobierno del presidente Uribe aceptó, con la firma del TLC, eliminar todos los mecanismos de protección a su agricultura, como el Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), el Mecanismo Público de Administración de Contingentes y, por supuesto, los aranceles, que rápidamente llegarán a cero por ciento; lo que negoció el gobierno de Uribe en este aspecto fue el tiempo en que deberá ser desprotegido el campo. Sin embargo, de forma inequitativa y asimétrica, el gobierno estadounidense no eliminará las ayudas internas que otorga a sus agricultores, permitiéndoles exportar con dumping sus excedentes agropecuarios.

El país también aceptó cláusulas que son contrarias al interés nacional y al mandato constitucional de proteger la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Al firmar la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF), Colombia aceptó que todas las ventajas que el país negocie con un tercero, obligatoriamente tendrá que reconocérselas a Estados Unidos; pero la cláusula no es recíproca, pues Colombia no podrá reclamar las ventajas que este país le otorgue a otro, en el marco de nuevos TLCs.

El TLC, es la profundización de la política de apertura económica, a través de la cual se busca la especialización del país en cultivos tropicales dirigidos a las exportaciones, aprovechando, según el gobierno, las ventajas comparativas: "La expansión del sector agropecuario no puede tener como referencia el mercado interno", afirma el gobierno colombiano en su política de largo plazo, presentando como estrategia de crecimiento de la economía nacional y de alternativa para el campo, el aumento de la capacidad exportadora de productos como: tabaco, yuca, algodón, papa, cacao, ají, brócoli, cebolla, espárragos, pimentón, lechuga, alcachofa, uchuva, bananito, limón tahití, maracuyá, pitahaya, piña, mango, feijoa, madera aserrada (teca, melina, roble, pino), caña de azúcar y palma de aceite (biocombustibles), que no constituyen la dieta básica de los seres humanos. El propósito del gobierno colombiano con el TLC es especializar al país en la producción de géneros tropicales, a cambio de importar los alimentos desde Estados Unidos, es decir provocará la pérdida de la soberanía alimentaria de los colombianos.

En el caso de los biocombustibles, proyecto prioritario para el gobierno nacional, existe la preocupación de que grupos de narcotraficantes y paramilitares se apropien de extensas regiones dedicadas a la agricultura comercial, mediante el desplazamiento forzado de sus poblaciones. Según el Procurador General de la Nación, el gobierno ha propuesto un proyecto de ley que, legalizaría predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Pareciera que el principal objetivo del gobierno de Uribe, según el Procurador, "fuese legitimar los cultivos de palma …en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos". Esta situación se repetiría en cultivos de tardío rendimiento como el caucho, plantaciones forestales, entre otros, que requieren enormes capitales, propiciando que actores que han concentrado la tierra a costa de pequeñas comunidades campesinas sean los únicos beneficiarios.


EL GOBIERNO LE MIENTE AL PAÍS CUANDO DEFIENDE EL TLC

En la defensa que realiza el gobierno de Uribe a la negociación y firma del TLC existen varias y graves inconsistencias que no corresponden a la realidad:

1. El TLC abre las puertas a nuevos mercados: el mayor éxito de la negociación fue no perder lo que ya se tenía por cuenta del ATPDEA. En efecto, prácticamente la totalidad de las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos que fueron desgravadas en el TLC actualmente están cobijadas por las preferencias unilaterales otorgados por el país del norte.

2. Colombia consiguió un acceso real de sus productos al mercado estadounidense: las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) no fueron negociadas y sólo se logró una carta adjunta de Estados Unidos para "cooperar" y realizar los "esfuerzos" para promover la "implementación del Acuerdo MSF de la OMC", es decir, el compromiso de Estados Unidos ni siquiera es avanzar en la eliminación de Barreras No Arancelarias (BNA), sino simplemente manifestar su intención de cumplir con la normatividad de la OMC(16). Aún así no existe ningún mecanismo vinculante para esta carta, por lo que dichos esfuerzos quedarán a voluntad del gobierno estadounidense. Por el contrario, el TLC es contundente al afirmar que "ninguna parte podrá recurrir al mecanismo de controversias establecido bajo este Acuerdo para ningún asunto que surja bajo este Capítulo". Según el propio jefe de la mesa de negociación de este capítulo por Colombia, Juan Lucas Restrepo, "lo que temíamos, y aún tememos, es que en la práctica se restrinja indefinidamente el ingreso de los productos colombianos a ese mercado con argumentos para-arancelarios -o sea, sanitarios- como un excesivo rigor en el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad". Paradójicamente, un estudio del Departamento Nacional de Planeación afirma que "si los Estados Unidos elimina las Barreras No Arancelarias a todo el mundo, los resultados para Colombia serían negativos". En efecto, el informe es claro al prevenir que los análisis realizados por el gobierno sólo se hacen en un escenario de liberalización entre Estados Unidos y Colombia, es decir, que no tienen en cuenta que el primero le está ofreciendo su finito mercado a otros países, y no se tiene en cuenta que el país tendrá que competir en los mismo sectores con estos países.

3. La agricultura se beneficiará por la exportación de biocombustibles: en las actuales circunstancias del negocio, con el etanol los únicos ganadores son los industriales, no los agricultores. Además, a exportación de etanol a los Estados Unidos no pasa de ser una ilusión, pues la producción actual no alcanza ni siquiera para abastecer el mercado nacional. Pero más contundente es que bajo las preferencias del ATPDEA hoy es posible exportar etanol sin arancel a los Estados Unidos. Sino se hace, es porque a los ingenios sucro-alcoholeros les resulta más rentable venderlo en el mercado interno que exportarlo. Si en algún momento el país llegara a exportar etanol a Estados Unidos sería gracias a los subsidios otorgados a los ingenios por el Estado, por los trabajadores, por los cultivadores y por los consumidores nacionales.


IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS GENERARÁ PÉRDIDAS DE HECTÁREAS DE PRODUCCIÓN Y EMPLEOS RURALES

Los estudios oficiales prevén un balance comercial negativo para el sector agropecuario como consecuencia de la implementación del TLC. Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (2004) indica que existen perspectivas desfavorables para la agricultura por cuenta de las restricciones al acceso de los productos colombianos al mercado estadounidense y que "el sector rural saldría damnificado por el TLC si no se preservara un sistema de estabilización como el SAFP", predicción que resultará cierta pues efectivamente el país aceptó su eliminación.

Un estudio del Banco de la República estima que las importaciones agropecuarias desde Estados Unidos, por cuenta del TLC crecerán US $ 571 millones de dólares, mientras las exportaciones hacia ese país tan solo lo harán en US$ 191 millones de dólares, es decir, 3 veces menos, análisis que se realiza sobre la base que indudablemente se presentará una desviación de comercio que disminuirá las exportaciones al resto de socios comerciales de Colombia, a la vez que aumenta las compras que se realizarán a Estados Unidos.
La más reciente investigación sobre los resultados de la negociación en el sector agropecuario colombiano, indica que se presentará un fuerte impacto sobre los precios internos, incluso desde el mismo inicio del Tratado. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:

Fuente: La negociación agropecuaria en el TLC, alcances y consecuencias. Luis Jorge Garay, Et al. Planeta Paz. Bogotá, 2006. 182 p.

En el balance neto agrícola, Colombia importará desde Estados Unidos, en el primer año de vigencia del TLC 4.629.000 toneladas de alimentos, lo que aumentará las importaciones provenientes de Estados Unidos en 70%, mientras Colombia sólo aumentará sus exportaciones en 63.000 toneladas anuales. Es decir, Colombia consiguió 73 veces menos que lo obtenido por Estados Unidos.
Ni siquiera el sector de las flores, sector bandera de defensa del gobierno nacional, saldrá bien librado en el TLC. En efecto, los más férreos argumentos del ejecutivo para firmar un acuerdo con los Estados Unidos se basaban en las oportunidades de empleo y producción que generaría la consolidación de las preferencias arancelarias para este sector, que no suman más de 30 millones de dólares en un año. Sin embargo, como resultado de una sobreoferta en el mercado mundial, la transnacional estadounidense Dole Fresh Flowers anunció en septiembre de 2006 el cierre de fincas en Colombia y Ecuador que generará el despido de más de 3.500 personas.


DESPOBLAR EL CAMPO GENERARÁ MAYOR MISERIA Y VIOLENCIA

Por lo menos 365.000 hectáreas menos dedicadas a la agricultura comercial y 86.000 campesinos sin ninguna oportunidad, tendrán que dedicarse a otras actividades. En unos casos, estos campesinos se desplazarán a las ciudades a engrosar los cordones de miseria; en otros, su única alternativa será cultivar coca. En efecto, la falta de oportunidades en los campos colombianos es el combustible que alimenta la violencia que sufre el país, y se profundiza con la desprotección del agro como resultado de las políticas de liberación comercial.

El fracaso de la lucha contra las drogas en Colombia ocurre al mismo tiempo que la agricultura es cada vez más desprotegida por el Estado. Tras seis años de Plan Colombia y US$ 4.700 millones de dólares, el precio, la calidad y la disponibilidad de cocaína es exactamente igual en las calles estadounidenses. Según Jon Caulkins, de la Universidad Carnegie Mellon, la guerra contra las drogas les ha costado a los ciudadanos estadounidenses cerca de 40.000 millones de dólares y hoy hay más hectáreas sembradas en coca que antes de la aplicación del Plan Colombia.

El gobierno de Uribe afirmaba que para el año 2006 ya no habría una sola hectárea de coca, sin embargo, el hecho que haya más decomiso, aspersión e interdicción no significa que la estrategia sea efectiva. Si así lo fuera, los indicadores deberían estar disminuyendo como prueba de que el narcotráfico está siendo eliminado. Por el contrario, el panorama actual es que la aspersión de la hoja de coca se ha incrementado 32% durante su mandato; en 2006 se incautó 47% más de cocaína que en 2002. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el número de hectáreas sembradas en coca se incrementó de 113.850 hectáreas en 2003 a 144.000 hectáreas en 2005. En el año 2002 Colombia producía el 80% de la cocaína del mundo; hoy el 90% de la cocaína destinada al mercado estadounidense es colombiana