El gobierno de Estados Unidos se quitó
totalmente la máscara. Luis Posada Carriles está libre.
Ya no habrá juicio contra el terrorista el 11 de mayo y se consuma
así la total impunidad anunciada.
La jueza federal Kathleen Cardone, de El Paso, Texas, desestimó
los cargos por fraude migratorio contra el criminal, quien enseguida
declaró a una radio de Miami: "ya estoy libre", difundió
la AFP.
Medios de prensa de Miami reseñan que Posada quedó en
libertad plena a 72 horas de comenzar el proceso judicial en su contra.
Según el Nuevo Herald en "una decisión tan inesperada
como polémica", el tribunal desestimó los siete cargos
por fraude migratorio y falso testimonio.
La jueza Cardone emitió un fallo de 38 páginas, en las
que calificó de "increíblemente escandalosas"
y "ofensivas" las tácticas del gobierno para encausar
a Posada, de 79 años, agrega el Herald.
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La jurista reconoció en su fallo "ciertos derechos constitucionales"
al acusado. "Este tribunal no va a echarlos a un lado ni ignorará
la mala conducta del gobierno sólo porque el acusado sea una
papa caliente en términos políticos", indicó.
Según algunas fuentes, está pendiente la solicitud de
extradición presentada por Venezuela en el 2005, así como
la posibilidad de que un jurado de Nueva Jersey lo enjuicie por su participación
en atentados terroristas contra hoteles de La Habana, en 1997.
Pero todo eso es cuento viejo. La decisión de excarcelar a Posada
está tomada hace mucho por la Casa Blanca. La Fiscalía
jamás lo encausó por lo que es, un terrorista, se emplearon
artilugios legales para esconder la farsa judicial.
El representante demócrata por Massachussets, William Delahunt,
denunció la impunidad e intenta promover en el Congreso una audiencia
para analizar la actitud del gobierno estadounidense en este caso, y
señaló que legisladores republicanos y de la oposición
concuerdan en rechazar la liberación del terrorista, debido a
su largo historial delictivo, que incluye la explosión de una
nave de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.
Una carta enviada por el representante demócrata al fiscal general,
Alberto Gonzales, exige una explicación del Departamento de Justicia
sobre por qué no apeló a la Ley Patriota para evitar la
liberación del connotado verdugo internacional y puntualiza:
"la excarcelación del señor Posada pone en tela de
juicio nuestro compromiso de luchar contra el terrorismo".
Pero para la administración norteamericana juzgar a Posada Carriles
por terrorista, era como juzgarse a sí misma.
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