CON EL RESPALDO DEL GOBIERNO DE URIBE VÉLEZ
TRANSNACIONALES VAN POR LOS BOSQUES Y EL AGUA DE COLOMBIA
La biodiversidad colombiana, la relación cultura-selva y las condiciones de vida de numerosas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se verán dramáticamente afectadas en el corto plazo por la puesta en marcha de encadenamientos productivos forestales promovidos por la USAID a través del Programa Colombia Forestal y el interés del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de convertir el patrimonio ambiental en mercancía al servicio del capital internacional y especialmente de los Estados Unidos mediante el TLC; la implementación de megaproyectos de infraestructura vial y portuaria, mineros y de bioprospección; el establecimiento de plantaciones a gran escala de palmicultura sobre territorios y espacios y ecosistemas vitales. Para ello hizo aprobar una ley maderera, mal llamada Ley Forestal en el Congreso de la República, la cual fue tramitada en medio de vergonzantes presiones de los Ministros de Agricultura y de Ambiente, quienes conjuntamente con la bancada uribista y los promotores de esta desafortunada iniciativa, hicieron oídos sordos a las numerosas dudas y críticas que generó su presentación y discusión legislativa.
Dicha Ley favorece a las empresas madereras, por cuanto que 60 millones de hectáreas de bosques colombianos de los cuales aproximadamente 27 millones pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes pasarán a manos de inversionistas extranjeros a quienes se les dará todo tipo de incentivos y garantías para apropiarse de estar tierras y explotarlas a su arbitrio sin importar el descomunal desastre ecológico que ello significa para el país, debido a que son extensiones de regulación climática e hídrica y el hábitat de complejas e irremplazables formas de vida.
Esta Ley tramitada en forma apresurada y sin consultar a las comunidades
directamente afectadas, se caracteriza por no tener una perspectiva
ambiental integral. Rompe la concepción de unidad entre suelo
y bosque mediante la adopción del concepto "vuelo forestal"
que separa el suelo de los árboles, la flora y la fauna, con
el propósito de fomentar la tala y la deforestación y
de esta manera mercantilizar las amplias zonas arborizadas del país.
De esta manera, altera la relación entre ecosistema de bosque,
diversidad étnica y cultural, vulnerando los derechos humanos
territoriales de las comunidades autóctonas en la medida que
se afecta resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades
negras y asentamientos campesinos.
Según concepto del Procurador General de la Nación, Edgardo
Maya, con esta ley desaparecerían en el país las zonas
de reserva forestal creadas para preservar el agua, desde 1959 en la
Ley 2ª del mismo año.
El Jefe del Ministerio Público señaló las graves
consecuencias que traería este hecho no sólo para los
ecosistemas estratégicos del país sino también
para la convulsionada convivencia de los habitantes del corredor pacífico
colombiano, dado que esta disposición deroga todas las normas
que le sean contrarias incluidas entre otros, los artículos 2
al 18 de la Ley 2 de 1959 que reglamentan las zonas de reserva forestal
en Colombia.
TAMBIÉN VAN POR EL AGUA
Pero no contentos con la posibilidad de mercantilizar los ecosistemas de los bosques colombianos, las transnacionales con el auspicio del gobierno de Uribe Vélez van también por el agua.
Al igual que en Uruguay y Bolivia donde las trasnacionales han buscado que los gobiernos privaticen el recurso vital, en Colombia está sucediendo algo similar, hasta tal punto que el diario oficialista El Tiempo de Bogotá que respalda públicamente al gobierno de Uribe, habida cuenta que algunos de sus accionistas hacen parte de esa administración, lanzó su voz de alerta.
En un analítico editorial, la casa periodística de la familia Santos Calderón expresó:
"En forma discreta, constante y bien dirigida, desde hace tres años se gesta un proyecto de ley que abre las puertas a las multinacionales del agua para que manejen esta riqueza nacional bajo los mismos parámetros empleados en otras latitudes. El modelo es igual al aplicado en Cochabamba, Johannesburgo y aun en Atlanta (Georgia) y otras municipalidades estadounidenses, donde las multinacionales quieren imponer esquemas de operación privada sobre los recursos hídricos.
Lo sorprendente en nuestro caso es que la ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, y la representante Nancy Patricia Gutiérrez, ponente del proyecto en la Cámara, parecen ignorar esta realidad. Son coautoras de una iniciativa que no acoge postulados como el del acceso garantizado al agua potable de toda la población, ni metas como las señaladas por las Naciones Unidas en sus Objetivos del Milenio, que consagran dicho acceso como un derecho humano esencial.
El proyecto establece como principio rector la eficiencia en la asignación y uso del agua. Esta es la base del modelo privatizador promovido por el Banco Mundial y el poderoso lobby de las multinacionales del agua. Y opera así: los acueductos cubren con la facturación mensual sus costos de operación, infraestructura y mantenimiento; el Gobierno suspende los subsidios a los deficitarios, que, asfixiados por la incapacidad de funcionar, acceden a las propuestas de las multinacionales, y el recurso que garantiza la vida en la Tierra se convierte en monopolio, con posibilidad de concesiones hasta por 50 años renovables, es decir, a perpetuidad.
¿Cómo garantizan las autoras del proyecto que todos los colombianos tendrán derecho a tomar agua potable? ¿Por qué en un país que es potencia hídrica mundial se abren las puertas para enajenar este bien? ¿Dónde se concretan las consideraciones sociales y de equidad mentadas, a título retórico, en la justificación del proyecto? En todos los casos donde este modelo ha sido adoptado, los precios del agua se dispararon. En Suráfrica, el alza llegó hasta 600 por ciento y se cobró de nuevo la red a usuarios que ya la tenían".
MÉXICO, PARADIGMA DE LA PRIVATIZACIÓN
En Latinoamérica, México se ha constituido en la cabeza
de puente de la ofensiva privatizadora regional. Mientras que en otros
países suramericanos se han librado grandes luchas populares
en defensa del agua y hasta obtenido algunas victorias –como en
la ciudad boliviana de Cochabamba–, en México "la privatización
del agua ocurre cotidianamente y cada vez en más puntos del país,
mientras que la resistencia o las manifestaciones de rechazo de la misma
se dan de manera dispersa y son percibidas en la mayor parte de los
casos como problemáticas locales", según afirma las
investigadoras de una organización ecológica Karina Atayde
y Thais Vega.
La privatización del agua está tomando auge en América Latina. A pesar de reveses y derrotas que han sufrido en países como Puerto Rico, Bolivia y Uruguay, las transnacionales del agua se disponen a apropiarse de los recursos hídricos de la región –ríos, acuíferos, pozos y sistemas de acueductos–, empleando en su hábil discurso los conceptos de "descentralización", "participación de la sociedad civil" y "desarrollo sustentable".
En México se vienen empleando sofisticados mecanismos y argumentos en pro de la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos designios de los privatizadores. Las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina para exhibir al mundo las virtudes de la privatización.
Al haber transferido la responsabilidad del suministro a las autoridades municipales, el gobierno federal mexicano no sólo entregó las redes de infraestructura, sino además le heredó todos los problemas de la gestión, acumulados durante décadas: fugas, redes obsoletas y en malas condiciones, administración corrupta e irregular, entre otros, en un contexto de urbanización desenfrenada."
En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales como la francesa Vivendi, incluyendo Aguascalientes, Saltillo y la ciudad México.
Ahora, esas mismas empresas multinacionales han puesto el ojo y su voraz interés comercial en Colombia. Cuentan para ello con el decidido apoyo del gobierno neoliberal de Álvaro Uribe Vélez.