La siguiente reflexión busca hacer un aporte al papel de la Universidad pública vulnerable a ser utilizada por el Estado como su instrumento. El propósito final es reforzar el carácter de la Universidad como un bien público, no obstante la inescapable instrumentalización estatal que le permite operacionalizar su misión. La hipótesis central de este artículo sostiene que en tanto la Universidad mantiene su carácter de bien público, revigoriza el talante social del derecho que define al Estado, el cual está hoy en entredicho dados los cuestionamientos actuales a los clásicos abordajes al concepto y práctica de soberanía.


1. La Universidad como instrumento del Estado
En su concepto de Universidad, Napoleón Bonaparte la entendió como el centro desde el cual se articularían los propósitos que su Estado perseguía en términos de organización del body politic de la nación francesa. La ambigüedad de una dictadura como la napoleónica enraizada en un trunco experimento democrático radical que Francia recién había lanzado a finales del siglo XVIII, demandaba una educación que sin llegar a la estolidez religiosa del despotismo ilustrado no promoviese tampoco los desmadres de la participación directa del populacho en la cosa pública.
Una Universidad estatal así concebida se distanciaba del proyecto alemán que la veía como templo del saber, y definitivamente de la medieval que se esforzó por alcanzar una síntesis entre la teología y el incipiente conocimiento científico. No obstante su acento en la aplicación práctica del conocimiento, la Universidad estatal napoleónica no llegó a justificar su existencia en el tecnicismo que aún caracteriza a la Universidad denominacional protestante de América del Norte. En suma, la Universidad pública estatal era una escuela de formación para lo público, es decir, una escuela política. Puesto que, como ocurre con toda dictadura, la de Napoleón encapsula la noción de Estado, tal como años atrás ya lo había acuñado Luis XV con su famoso dictum “el Estado soy yo,” la Universidad estatal entiende que su función pública consiste en ilustrar, informar y crear instrumentos para la conformación de un Estado acorde al paradigma jerárquico. Si bien el conocimiento sigue cumpliendo su misión de aportarle ángulos críticos al pensamiento, el resultado final de la empresa universitaria es una comunidad política que sustenta un sistema jerárquico. Sin hacer una referencia específica al problema de la Universidad estatal, León Tolstoi ejemplifica un conocimiento instrumentalizado por el Estado mediante una crítica a la historia que forma parte del corpus de su novela Guerra y Paz. Tolstoi ridiculiza a los historiadores que acompañan a Napoleón en sus campañas en la estepa rusa, los cuales no pueden leer la empresa napoleónica sino a través de un lente apologético. Las numerosas páginas que Tolstoi le dedica a su reflexión sobre la historia desde sus aristas críticos permiten que se resalten por contraste los rasgos de un conocimiento universal que se ha cocinado bajo la sombra protectora del Estado.
Debe subrayarse, sin embargo, la contradicción que entraña una Universidad pública que ejerce su vocación política como instrumento del Estado. La contradicción no necesariamente se constata en su mayor o menor posibilidad de avance técnico, ni en su potencial de acceder a formulaciones científicas revolucionarias. Al fin de cuentas, las universidades bajo la égida soviética, para citar un ejemplo reciente, se destacaron por sus sofisticaciones científicas y tecnológicas mientras fueron todas ellas universidades instrumentalizadas por el Estado. El problema del carácter estatal de la Universidad pública reside precisamente en su función central, esto es, en su carácter de escuela de formación política. La veta central de esa dificultad se relaciona con el presupuesto mercantilista que le aporta al inversionista un derecho natural sobre la función de su inversión, gracias a lo cual el inversionista reclama el derecho a que su inversión responda a sus propósitos de ganancia. En el caso de la inversión estatal en el terreno de la educación superior, este derecho natural significaría una legitimidad que le permitiría al Estado recoger la cosecha de su inversión, esto es, un conocimiento cuya función política contribuya al anquilosamiento de la comunidad política en cuestión. En últimas, una Universidad pública así entendida le estaría aportando al status quo la fortaleza que proviene de la legitimación científica. Cuando la inversión estatal no arroja esos frutos sino que, por el contrario, no puede resistir la enjundia de las formulaciones críticas, las administraciones estatales apelan a la intervención directa, como lo ha demostrado ampliamente la historia de las dictaduras en América Latina. No obstante, conviene aclarar siguiendo nuestras hipótesis que una instrumentalización universitaria por parte del Estado en los términos aquí descritos presupone un ordenamiento jerárquico y autoritario. Es decir, la función pública de la Universidad como legitimadora científica de un status quo vertical le resta al Estado su carácter social de derecho.