LOS SECTORES AGROPECUARIOS
COLOMBIANOS FRENTE AL ALCA*
¿La protección
para el sector agropecuario debe ser generalizada o selectiva?
Esa es la pregunta que ahora enfrenta a diversos representantes tanto
del gobierno como del sector privado en Colombia frente a las negociaciones
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Algunos sectores agropecuarios consideran necesario revisar por renglones,
cuáles debían protegerse y cuáles no, de cara a las
negociaciones internacionales.
En el Plan de Desarrollo del gobierno Uribe Vélez se introdujo la cláusula de condicionalidad que en el fondo lo que busca es reducir aranceles en la medida en que se vayan eliminando los subsidios y ayudas internas.
El ministro de Agricultura Carlos
Gustavo Cano Sanz, en un foro sobre el tema planteó que "si
en el ALCA no se cumplen los elementos de la condicionalidad, necesariamente
hay que mirar el escenario de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), donde a los Estados Unidos les conviene más negociar”.
Con dicho condicionamiento, explicó el ministro, "nosotros
decimos ni un paso atrás pero tampoco ni un paso adelante en tanto
no se dé una reciprocidad por la vía de la eliminación
de subsidios a las exportaciones y de las ayudas internas que distorsionan
el mercado internacional de productos sensibles de la agricultura".
Cano explicó que el libre comercio depende del acceso a mercados,
la eliminación de los subsidios a las exportaciones y la reducción
sustancial de las ayudas internas del gobierno de Estados Unidos a sus
agricultores.
Estados Unidos, la primera economía del mundo, se ha negado a incluir
el tema de los subsidios en las negociaciones del ALCA, argumentando que
quedaría en desventaja frente a Japón y la Unión
Europea, en las negociaciones que se realizarán sobre el tema en
la OMC.
Los subsidios de Estados Unidos al sector agrícola serán
de US$180.000 millones entre 2003 y 2009, superiores en 80% a los que
habían permanecido entre 1996 y 2002. "Así las cosas,
el mercado mundial de bienes de origen agropecuario está muy lejos
de liberarse", señaló el ministro Cano.
Entre tanto, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia
(SAC), Rafael Mejía López ha sido enfático en señalar
que el gobierno tiene que mirar cuál es la visión agrícola
de los otros países para el ALCA, antes de tomar cualquier decisión
para negociar, “y no creer ingenuamente que son 800 millones de
consumidores y 33 países que nos abren sus puertas para que nosotros
les exportemos porque ellos están pensando lo mismo y más
en una situación en que las demandas internas están a la
baja y no al alza”.
Lo cierto es que el sector privado en Colombia está dispuesto a
dialogar y a buscar una equidad en las negociaciones comerciales internacionales,
sin exponer a ultranza los mercados.
Sin embargo, la toma de decisiones a favor del sector agroindustrial no
puede darse a costa del sacrificio del agropecuario. Adicionalmente, el
logro de negociaciones beneficiosas para Colombia no debe obedecer exclusivamente
a presiones externas, y se requiere de una verdadera protección
para las personas que viven de la actividad rural.
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES
En la actualidad el ALCA tiene nueve grupos de negociación que
se reúnen periódicamente. Uno de esos grupos trata específicamente
el tema de la agricultura. Su misión principal es reducir y,
con el tiempo, igualar todas las tasas arancelarias de los países
que suscriban este tratado de libre comercio. Las reglas a seguir serían
las del Acuerdo Agrícola, ya negociadas en la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Es de subrayar que este grupo que desarrolla el tema agropecuario atenta
directamente contra todos los hombres y mujeres que viven del trabajo
de la tierra, pues pretende liberalizar totalmente la circulación
de productos en un continente que cuenta con 808 millones de habitantes.
Otro grupo de trabajo que puede generar graves impactos, es el relacionado
con “los derechos de propiedad intelectual” porque busca
patentar todos los seres vivos, incluyendo las plantas medicinales como
las que utilizan las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes
en diversas partes del continente. Mediante este procedimiento se industrializarían
las culturas generando ganancias a las multinacionales. Esto afectaría
a las comunidades campesinas latinoamericanas.
En Colombia la producción para el consumo depende básicamente de pequeños y medianos propietarios que no cuentan con apoyo del Estado y, por el contrario, enfrentan grandes deudas, atraso tecnológico y en muchas regiones no cuentan con la posibilidad de sacar sus productos a los mercados por la carencia de vías de comunicación.
En los últimos años la producción de alimentos para el mercado interior se ha visto afectada por el desplazamiento forzado, la concentración de la propiedad territorial en manos de nuevos grupos de terratenientes, especialmente los surgidos con el desarrollo del narcotráfico y los grupos de justicia privada o paramilitares.
Con la sola apertura de la economía,
acelerada a partir del gobierno de César Gaviria (1990-94), han
desaparecido 800 mil hectáreas de cultivos transitorios, que son
los cultivos de los campesinos, y anualmente el país está
importando más de siete millones de toneladas de productos alimenticios
que podría producir perfectamente el campo colombiano. Esta cruel
realidad se debe a que el sector agropecuario, en sus actuales condiciones,
no tiene capacidad de competir con los productos de las grandes empresas
transnacionales que llegan subsidiados por los gobiernos de los grandes
países capitalistas.
A pesar de este panorama que solo ha generado en Colombia miseria y desempleo,
la administración Pastrana (1998-2002) metió a este país
en el ALCA, acuerdo que se terminará de negociar en 31 de diciembre
del 2004.
Este tratado de libre comercio se va a constituir en un mercado entre
desiguales, unos tan poderosos como los Estados Unidos y el Canadá
y otros tan pobres en tecnología y con pueblos en la miseria como
Bolivia, Ecuador y Colombia, por lo cual el ALCA será una verdadera
aplanadora que nos esclavizará y nos someterá a los dictados
del gran capital y serán sus empresas las que, en últimas,
se convertirán en las dueñas de nuestro escaso mercado nacional.
• Este documento se elaboró gracias a la información
suministrada por las siguientes fuentes:
- Ramiro Gutiérrez, investigador social
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)
- Diario la República